El Partido Popular ya se ha puesto manos a la obra para dar vía libre a su amenaza judicial contra la amnistía. Si bien los recusos ante el Tribunal Constitucional no son inminentes porque la proposición está registrada pero no aprobada en el Congreso, tanto Génova, como varios presidentes autonómicos del PP, ya están inmersos en el papeleo jurídico para darles salida.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya ha avanzado que “habrá recursos de inconstitucionalidad” por parte del Partido Popular, respaldándose en la legitimidad que tiene como grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, al superar los 50 parlamentarios en cada Cámara. “Activaremos los instrumentos jurídicos, apelaremos al tribunal de garantías y a los cauces europeos y participaremos en movilizaciones de manera pacífica y cívica”, aseguró este martes.
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Al menos siete presidentes del PP estudian recurrir
También pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad los Ejecutivos autonómicos y sus Parlamentos, y así lo harán muchos de los gobernados por el PP y en coalición con Vox. El primer barón que lo anunció formalmente fue Alfonso Fernández Mañueco, que convocó un Consejo de Gobierno extraordinario para ello, sin todavía tener el texto sobre la mesa, pero la presión de Vox a través de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, surtió efecto. Fuentes del PP en Castilla y León confirman a Infobae España que sus servicios jurídicos ya trabajan en el recurso ante el Constitucional.
Desde Murcia, Fernando López Miras lo ha anunciado este martes: sus servicios jurídicos ya trabajan para recurrir la ley de amnistía. Lo harán “un segundo después de que sea aprobada”, sentenció el presidente murciano, secundado por su vicepresidente, José Ángel Antelo, de Vox, que ya amenazó con hacerlo hace varias semanas. Un anuncio al que también se suma el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, cuyo gabinete jurídico se une a los de Murcia y Castilla y León para elevar su denuncia ante el Tribunal Constitucional.
Otro Gobierno del PP que se prepara para ello es el cántabro, cuya presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado acciones judiciales tras una reunión extraordinaria con su Ejecutivo, entre ellas, la presentación de este recurso en cuanto la ley sea aprobada. Así como la balear, Marga Prohens, que ha asegurado que el texto ya está en manos de la Abogacía de su comunidad para estudiar acciones legales y también un posible recurso de inconstitucionalidad.
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Los tiempos y las formas son importantes en la ofensiva judicial del PP. “Cada cosa en su momento”, señalan fuentes del Ejecutivo de La Rioja, presidido por el popular Gonzalo Capellán, que, en cualquier caso, también se plantea ir al Constitucional cuando, en primer lugar, la Mesa del Congreso y la del Senado califiquen la proposición de ley y, en segundo lugar, la misma se tramite en las Cortes. Y en las formas se diferencian otros barones del PP, como Jorge Azcón (Aragón) o Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), que podrían elevar el recurso a través de sus Parlamentos autonómicos.
Las Cortes de Aragón ya aprobaron iniciativas contra la ley de amnistía, aludiendo a un posible recurso de inconstitucionalidad. El Parlamento autonómico, con mayoría del PP y Vox, también instará al Ejecutivo de Azcón a dar la batalla judicial contra esta ley, aun en tramitación. Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana se comprometió hace semanas a hacer lo propio una vez fuese aprobada, pero este martes ha sido menos claro. Aunque ha afirmado que sus servicios jurídicos, su cuerpo estatutario y órganos consultivos ya están en marcha “para exprimir al máximo” sus competencias, no ha llegado a hablar de un recurso. Eso sí, las Corts ya han activado un pleno para debatir sobre la ley de amnistía.
Desde la Xunta de Galicia, que preside Alfonso Rueda, no descartan llevar la ley ante el Tribunal Constitucional, afirman a este periódico fuentes del Gobierno gallego, mientras que desde el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso están “analizando el texto y estudiándolo”, sin haber tomado, de momento, ninguna decisión al respecto.
La batalla judicial de Vox
Desde Vox, sus vicepresidentes autonómicos están presionando a sus Gobiernos de coalición con el PP para que presenten los recursos. Los dan por hecho en sus acciones judiciales contra la amnistía, publicadas en la red social X (antes Twitter), aunque la formación de Abascal no ha aclarado si, en el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón, las peticiones han surtido efecto y estos Ejecutivos irán al Constitucional. Con todo, y por su parte, aseguran que sus 33 diputados en el Congreso presentarán un recurso de amparo.
Además, Vox se ha querellado contra Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo, y amenaza con hacerlo contra las Mesas del Congreso y del Senado si admiten a trámite la norma. También han solicitado la suspensión cautelar del pleno de investidura de Pedro Sánchez, que se celebra este miércoles y jueves en el Congreso, alegando que hay “alarma social” y “urgencia” para la pervivencia del ordenamiento jurídico.
¿Los recursos paralizan la aplicación de la amnistía?
Tanto políticos como jueces podrán acudir al Tribunal Constitucional por la ley de amnistía. El PP lo hará a través de sus más de 50 diputados y/o senadores —el mínimo que exige la normativa del TC- en las Cámaras, así como desde los citados gobiernos autonómicos, mientras que se espera que Vox lo haga por la vía del recurso de amparo, ya que no llega a los mínimos necesarios. Los recursos presentados por políticos no paralizarán en ningún caso la aplicación de la ley de amnistía, que el PSOE calificó como de carácter “preferente y urgente” en el texto de la proposición de ley.
De hecho, da un plazo de dos meses a los jueces y tribunales para aplicarla a las causas que puedan estar relacionadas con el procés. Los magistrados podrán plantear cuestiones de inconstitucionalidad al TC o, lo que es lo mismo, preguntar al tribunal de garantías sobre el encaje constitucional de la norma, como se espera que actúe el Tribunal Supremo en relación con los líderes del procés condenados. Esto supondría la suspensión cautelar de la aplicación de la amnistía para el procedimiento concreto al que se haga referencia, pese a que el PSOE señaló en su proposición de ley que los “ulteriores recursos” no tendrían “efectos suspensivos”.