La denuncia de más de una decena de madres en Almendralejo (Badajoz) por las fotografías sexuales generadas por Inteligencia Artificial (IA) de sus hijas ha llegado a las más altas instancias de la Justicia, donde ya se plantean si el uso de esta herramienta contra la intimidad de los menores obligará a reformar el Código Penal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este miércoles ante los periodistas que “aún es prematuro” saber si habrá que hacer cambios para tipificar los usos delictivos de la Inteligencia Artificial.
“Naturalmente que nos preocupa. Nos preocupa como el reflejo de los que es un fenómeno de utilización de las nuevas tecnologías para la comisión de posibles delitos y, sobre todo, para invadir esos espacios de vulnerabilidad que tienen los menores en este caso, y que tiene la juventud de este país ante estos fenómenos que estamos viendo, que son preocupantes y repetitivos”, ha destacado García Ortiz.
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La Policía Nacional ya ha tomado declaración a la mayoría de las víctimas que han presentado su denuncia en Almendralejo y ha identificado a varios menores por su presunta implicación en el caso, aunque aún no ha entregado las diligencias a la Fiscalía. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por su parte, ha anunciado que abre una investigación de oficio en paralelo a la vía penal.
Mientras el fiscal general presidía la presentación de los avances en transformación digital del ministerio público, la ministra de Justicia, Pilar Llop, decía desde el Congreso de los Diputados que “no debe caber impunidad” en la creación y difusión de desnudos manipulados como los sufridos por las niñas de Almendralejo. La ministra ha subrayado que son conductas “gravísimas” y que se tiene que interpretar la legislación “con la perspectiva del interés superior del menor”, además de poner “ciertos límites” a la Inteligencia Artificial.
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En el mismo acto, la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ha calificado de “absolutamente alarmante” el aumento de la ciberdelincuencia sexual contra los menores. Según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, estos delitos se dispararon en un 116 % respecto a 2017. Más allá del plano penal, la fiscal ha hecho un llamamiento a “padres y educadores” para pedirles que estén “muy pendientes” de los niños “y de lo que hacen con los ordenadores y los sistemas informáticos”.
Tejada se ha mostrado partidaria de establecer un “control parental” del uso de los móviles por parte de los menores y ha mostrado su preocupación por la existencia de “un problema muy serio de denuncia”: “Esto es importante trasladárselo a los ciudadanos. Todo lo que se detecte sobre contenidos contra menores de este tipo, me refiero a agresiones sexuales en la red, hay que denunciarlo”.