El grave problema de vivienda que existe en España podría paliarse con la construcción de más de 75.000 viviendas asequibles al año y para lograrlo es necesario un pacto nacional de vivienda con una estrategia a largo plazo.
Estas son dos de las conclusiones del informe El problema de la vivienda sí tiene solución, realizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) en el que se analizan las políticas de vivienda implementadas en España y en el que se proponen cinco medidas para afrontar la actual situación.
La implantación de estas medidas permitiría el acceso a la vivienda de las familias de rentas medias, adelantar la edad de emancipación de los jóvenes e incrementar la tasa de natalidad del país, argumenta la asociación.
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Más suelo
La primera propuesta está relacionada con el suelo y consiste en llevar a cabo “un valiente” cambio de paradigma en las leyes del suelo, para que “los tiempos de desarrollo de la materia prima no sean de 20 años” y para evitar la judicialización del urbanismo.
También consideran necesario un cambio de mentalidad en la Administración para que “se coloque al lado del promotor en los desarrollos de suelo, y no enfrente” y para flexibilizar los cambios de uso de suelo vacante.
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Nuevo marco jurídico
En materia jurídica reclaman reducir la carga burocrática que soporta la producción de viviendas. Según el informe, no se puede tardar los mismos meses en tramitar las licencias que en construir una promoción de 100 casas.
Respecto a la vivienda protegida piden que se actualicen los “obsoletos” reglamentos de vivienda autonómicos y los precios máximos de venta, que en la Comunidad de Madrid están congelados desde el año 2008.
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Financiación y fiscalidad
Otra de sus propuestas es recuperar los convenios con entidades financieras para, mediante avales públicos, permitir incrementar la financiación hipotecaria a los jóvenes y a las familias solventes, pero sin el ahorro suficiente.
En materia fiscal critican que la producción de un bien de primera necesidad esté más gravada fiscalmente que un artículo de lujo.
Argumentan que el 25% del precio de una vivienda social son tributos que se han ido liquidando en los tres niveles de la Administración.
Su última demanda está relacionada con los trabajadores de la construcción. Consideran que aumentar la producción de viviendas sociales acentuará aún más la falta de mano de obra.
Por ello, piden a la Administración que trabaje en políticas de formación, de transición hacia la industrialización y digitalización y que facilite la contratación de trabajadores extranjeros.
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