El Consejo de Ministros ha aprobado este martes tres medidas con las que pretende dar respuesta a la “emergencia habitacional” que, según Pedro Sánchez, vive el país: una línea de avales del ICO para comprar la primera vivienda, la promoción de 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible y un plan para construir 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa.
La nueva línea de avales del ICO está destinada a cubrir el 20% del crédito hipotecario de familias con niños a su cargo y de jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples), y el doble si se trata de una pareja.
En los casos con menores a cargo, el límite de ingresos se incrementará un 0,3% por hijo, y un 70% si se trata de familias monoparentales.
El aval podría llegar al 25% si la vivienda dispone de una calificación energética mínima D y se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque “pueden ampliarse dos años más”, ha informado Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El objetivo del aval es facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas y para concederlo el Gobierno fijará “un límite máximo del precio de venta o tasación de la vivienda que no será igual en todas las comunidades autónomas”, ha asegurado Raquel Sánchez.
Dependerá de su localización y de la situación del mercado inmobiliario en cada zona.
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43.000 viviendas en alquiler
Otra de las medidas aprobadas por el Ejecutivo ha sido la concesión por parte del ICO de préstamos por valor de 4.000 millones de euros para financiar actuaciones de promoción de hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse a alquiler social o asequible durante, al menos, 50 años.
Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana será el encargado de distribuir, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada.
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Una inversión de 620 millones
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa para que éste transmita terrenos a la Entidad Estatal de Suelo para la promoción de 20.000 viviendas en alquiler social o asequible en 8,5 millones de metros cuadrados.
El coste de esta operación alcanzará los 620 millones de euros y con ella el Ejecutivo quiere “garantizar un parque de vivienda público suficiente para atender las necesidades de la ciudadanía”, ha indicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los terrenos de Defensa incluidos en esta iniciativa se ubican en 36 municipios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Melilla y Valencia.
Con todas estas medidas, el Gobierno pretende “avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, y facilitar el acceso a ella a las personas y hogares de menores recursos económicos, así como a los jóvenes y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado”.
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