La Justicia prevé archivar las investigaciones sobre el rey Juan Carlos y se abre la puerta para su regreso a España

La prescripción de algunos presuntos delitos, su carácter de figura inviolable y la falta de pruebas contundentes en otros casos puede llevar la Fiscalía del Tribunal Supremo de España a archivar las diligencias contra el rey Juan Carlos I de forma inmediata. Esto no significa que el caso quede cerrado. Se archiva y podría volver a abrirse si aparecen indicios que mostraran posibles delitos en asuntos diferentes a los investigados hasta ahora.

La decisión de la Fiscalía puede poner fin al autoexilio del rey emérito, que el 3 de agosto de 2020 emprendió una suerte de huida a Emiratos Árabes Unidos tras verse acorralado por las investigaciones judiciales sobre el origen de la fortuna.

Según confirmaron fuentes del Supremo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prepara ya un extenso decreto en el que ordenará que todas las diligencias sean archivadas. Como Juan Carlos I era una persona aforada, inviolable, el caso se le encargó al actual teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos. Las diligencias debieron terminar en diciembre de 2020, pero la aparición de nuevos indicios de delito llevaron al instructor a pedir una prórroga. Esta concluye en diciembre, pero el archivo de la causa llegará antes de que se pueda pedir otra ampliación de tiempo para continuar las diligencias.

Hace pocas semanas, el diario El Mundo publicó una información en la que afirmaba que el Emérito podría haber estado cobrando comisiones durante años y haber cometido, con ello, al menos cuatro delitos, según la Fiscalía del Tribunal Supremo que investiga sus cuentas. Por primera vez, la Fiscalía del Alto Tribunal se pronunciaba, según el rotativo, sobre las importantes sumas de dinero que presuntamente el Rey Emérito ha estado ocultando en paraísos fiscales. En aquella información se reseñaba que la fortuna del rey Juan Carlos procedía de “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”. Por todo ello, consideraba que Juan Carlos podía haber cometido cuatro delitos: “Blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias”.

Causas para el archivo

Sin embargo, según se ha sabido ahora, esas investigaciones pueden quedar en nada. Primero, porque los presuntos delitos investigados se habrían cometido cuando el rey emérito era inviolable. Segundo, porque algunos ya habrían prescrito. Y, en tercer y último lugar, porque Juan Carlos I ha realizado ya dos regularizaciones fiscales por valor de unos cinco millones de euros y no hay pruebas contundentes en algunos de los casos investigados.

Las investigaciones a cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo se centran en tres casos concretos: el supuesto cobro de comisiones por la presunta intercesión en la adjudicación a empresas españolas de las obras del Tren de Alta Velocidad -AVE, coloquialmente- a La Meca; el uso de tarjetas de crédito opacas tanto por parte de Juan Carlos I como de algunos familiares próximos con cargo a cuentas en las que no figuraban como titulares; y, finalmente, una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey que está a nombre del emérito y en la que hay 10 millones de euros.

La Fiscalía, tras meses de investigación, puede o archivar el caso, que es lo que todas las informaciones apuntan que se producirá en las próximas semanas, o presentar una querella ante el Supremo.

En cualquier caso, fuentes judiciales advierten de que el escrito de archivo será tajante, incluso duro y contundente contra el anterior jefe del Estado. Es decir, si bien lo investigado hasta ahora y las condiciones descritas anteriormente impiden que sea imputado, el decreto de archivo que se prepara no dejará bien parado al monarca. No lo dejará libre de sospecha.

Sin embargo, esto abre la puerta a su regreso a España. Como ya publicó Infobae, pasadas las seis de la tarde del 3 de agosto de 2020 el rey Juan Carlos aterrizó en Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos). Comenzaba así un autoexilio consecuencia de los sucesivos e imparables escándalos que en los últimos años habían minado su personaje y que en 2014 lo obligaron a abdicar y dejar el trono en manos de su hijo Felipe. El rey no tiene ningún problema legal para estar en España. No se le imputa delito alguno ni, menos aún, hay un proceso contra él. Sin embargo, él decidió salir del país a la espera de que el panorama judicial se aclarara, lo que probablemente sucederá en las próximas semanas.

Seguir leyendo: