La incómoda broma de Nikki Glaser sobre Sean “Diddy” Combs en los Golden Globes 2025: “El afterparty no será tan bueno”

Este año, el monólogo de Nikki Glaser en los Globos de Oro se caracterizó por ir al grano y sin rodeos respecto a los temas más discutidos a lo largo de 2024. La comediante se burló de los actores, las películas y las series nominadas.

Sin embargo, hubo una broma en particular que provocó tensión e incomodidad en la audiencia: la anfitriona de los Golden Globes 2025 mencionó a Sean Diddy Combs, el rapero y productor actualmente en prisión que enfrenta cargos de abuso sexual, tráfico sexual y crimen organizado.

Al dirigirse a Zendaya y felicitarla por su actuación en Duna: parte dos, Glaser no olvidó mencionar la otra película por la que la estrella de 28 años recibió múltiples elogios, Challengers (conocida también en América Latina como Desafiantes).

“Y Challengers, chica, esa película tenía más carga sexual que la tarjeta de crédito de Diddy”, dijo la presentadora durante la transmisión. “Digo, en serio. Oh, no, lo siento. Yo también estoy molesta, porque el afterparty no será tan bueno este año”.

“Pero tenemos que seguir adelante. Lo sé, Stanley Tucci freak no suena igual. Pero nada de aceite de bebé este año. Sólo mucho aceite de oliva”

La referencia sobre el “afterparty” se relaciona con acusaciones de abuso sexual sucedidas en fiestas organizadas por Diddy posterior a premiaciones tan importantes como los MTV VMAs.

Además, el fundador de Bad Boy Records es investigado por sus famosos freak-offs o White Parties (fiestas blancas), donde presuntamente se habrían cometido violaciones sexuales y se habría contratado servicios de prostitución, además de contar con personas encargadas de suministrar drogas.

Se cree que la actividad de Sean Combs era conocida por distintas celebridades de Hollywood y las autoridades federales actualmente investigan vínculos entre el artista de hip-hop y otros nombres de alto perfil en la industria que habrían participado en actividades delictivas en dichas fiestas.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo mientras Combs espera por su juicio programado para el 5 de mayo de 2025. Su próxima comparecencia judicial se llevará a cabo el 17 de marzo.

El caso de Sean “Diddy” Combs

Entre las acusaciones contra el rapero se cuentan más de 200 denunciantes, algunos de los cuales afirman haber sido abusados sexualmente cuando eran menores de edad. Hasta la fecha, su equipo legal “niega rotundamente cualquier acusación de abuso sexual, incluidos los casos que involucran a menores”.

La denuncia que desencadenó la investigación de los federales contra Sean Diddy Combs provino de su ex esposa, la cantante Cassie Ventura, luego de ser agredida físicamente por el cantante, según captó un video de vigilancia de 2016 difundido el año pasado por CNN.

El video, grabado en el Hotel Intercontinental, muestra al reconocido músico y empresario agarrando a Ventura por el cuello, arrojándola al suelo, pateándola y arrastrándola por un pasillo.

Este material, revelado cinco meses antes de la detención de Combs el 16 de septiembre, ha sido señalado como una pieza clave en el caso que enfrenta el músico de 55 años.

La defensa del rapero sostiene que la filtración de este video y otros materiales confidenciales ha generado una cobertura mediática que compromete su derecho a un juicio justo.

El equipo legal de Combs ha acusado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de llevar a cabo una campaña de desprestigio que, según ellos, ha durado siete meses. Alegan que esta estrategia busca influir en la opinión pública y dificultar la selección de un jurado imparcial.

En este sentido, argumentaron que las filtraciones han provocado una narrativa sensacionalista en los medios, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso judicial.

Sin embargo, el juez Arun Subramanian desestimó estas acusaciones, afirmando que no se han presentado fundamentos sólidos que respalden la teoría de que el gobierno sea la fuente de la filtración.

El magistrado subrayó que la defensa no ha logrado demostrar que las acciones del gobierno hayan sido deliberadas o que tuvieran la intención de perjudicar la reputación del acusado.