El Salvador enfrenta un año especialmente crítico para los usuarios de la bicicleta. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), en lo que va de 2026 se han registrado al menos nueve ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito a escala nacional. Esta cifra ha encendido las alertas entre colectivos urbanos, quienes insisten en la urgencia de fortalecer la protección legal, la infraestructura vial y la educación sobre el respeto al ciclista.
La comunidad Ciclistas Urbanos El Salvador, a través de un comunicado, han reiterado que existe un marco legal nacional que reconoce al ciclista como un actor vial con derecho a transitar por las calles y carreteras del país.
“No somos ‘intrusos’, somos ciudadanos moviéndonos de forma sostenible”, subraya el documento. El grupo enfatizó que promueve el uso de las ciclovías existentes y pide que se cuiden y utilicen siempre que las condiciones lo permitan.
Los incidentes recientes han puesto sobre la mesa los factores de riesgo que enfrentan las personas que se movilizan en bicicleta. El comunicado de Ciclistas Urbanos El Salvador señala que desconocen “las razones por las cuales otros ciclistas deciden no utilizar el carril exclusivo en momentos específicos”, pero recuerdan que la seguridad es prioritaria y cada situación en carretera puede ser distinta.
Además, la organización advierte que muchas ciclovías permanecen intransitables debido a basura, escombros, vidrios, ripio y vehículos estacionados, lo que obliga a los ciclistas a circular por el carril vehicular, incrementando la exposición a accidentes.
El llamado de la organización apunta a las autoridades responsables, incluyendo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Viceministerio de Transporte (VMT) y las municipalidades, para que fortalezcan los programas de limpieza y mantenimiento de las ciclovías, tal como lo establece la Ley Marco para el Uso y Fomento de la Bicicleta (2020), que asigna a estas instituciones la promoción, mantenimiento y creación de nuevas ciclovías.
La preocupación por los fallecimientos no se limita al entorno ciclista. En entrevista matutina, esta semana en el programa Frente a Frente, representantes de la Asociación Salvadoreña de Motociclistas (ASAMOTO) expresaron su inquietud ante el aumento de siniestros viales que involucran a medios de transporte alternativos.
Dirigentes de ASAMOTO plantearon la necesidad de regular no solo el uso de motocicletas, sino también de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal. Argumentaron que la falta de normativas claras y de campañas de concientización contribuye a una convivencia conflictiva en las vías, donde la vulnerabilidad de los ciclistas y motociclistas es evidente.
Durante la entrevista, representantes de ASAMOTO insistieron en que la regulación debe contemplar requisitos mínimos de seguridad para todos los usuarios, incluyendo el uso obligatorio de casco, chalecos reflectivos y luces en bicicletas que circulan en horarios nocturnos.
“La seguridad vial debe ser un compromiso transversal, sin distinción de medio de transporte”, afirmó uno de los voceros de la asociación, quien también pidió mayor control sobre el estado de las ciclovías y la aplicación efectiva de las sanciones por invasión de carriles exclusivos.
El comunicado de Ciclistas Urbanos El Salvador concluye con una petición de empatía y respeto mutuo entre todos los actores viales. “Al final del día, todos queremos llegar sanos a casa. ¡La calle es de todos!”, enfatiza el texto, acompañado de llamados a la responsabilidad y la seguridad vial.
En paralelo, organizaciones como el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), el Fondo de Conservación Vial de El Salvador (FOVIAL), el Fondo Ambiental de El Salvador (FONABES) y el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Alcaldía de San Salvador (INDER) han sido mencionadas como actores clave en la promoción de una cultura vial más inclusiva y segura.
La cifra de nueve ciclistas fallecidos en los primeros meses de 2026 evidencia la urgencia de medidas concretas, mientras colectivos y asociaciones insisten en la necesidad de regular y educar, la protección de quienes optan por el transporte alternativo sigue siendo un desafío pendiente en las políticas públicas de El Salvador.