Gobierno de El Salvador busca aval de millonario préstamo para proyecto de control de inundaciones en San Salvador

El respaldo solicitado busca fortalecer la infraestructura urbana frente a riesgos climáticos, mediante la ejecución de obras enfocadas en la mitigación de desastres y en la modernización de alertas tempranas para proteger a la ciudadanía

El contrato financiero abarca flexibilidad en tasas y un cronograma exclusivo. Aparición de comisiones ajustables y plazos prolongados para una inversión que aún requiere el visto bueno legislativo (Foto cortesía Protección Civil /archivo)

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió una solicitud formal del Ministerio de Hacienda para autorizar la suscripción de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 150 millones. Este financiamiento está destinado a ejecutar el Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el área Metropolitana de San Salvador, con el objetivo de responder a la alta vulnerabilidad de la región ante desastres naturales y fortalecer tanto el sistema de drenaje urbano como las capacidades de alerta temprana para la protección de la población y la infraestructura.

El respaldo financiero solicitado será canalizado directamente al órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda en cumplimiento del artículo 148 de la Constitución de la República. La iniciativa proviene del Presidente de la República, impulsada a través del Ministerio de Hacienda. El préstamo, cuya aprobación requiere de un acuerdo específico de la Asamblea Legislativa conforme a los procedimientos legales, tiene la finalidad de reducir riesgos en zonas críticas del país afectadas por lluvias intensas y fenómenos climáticos extremos.

“El gobierno de la República de El Salvador tiene entre sus propósitos continuar realizando acciones orientadas a mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura, ante la ocurrencia de desastres naturales y reducir la vulnerabilidad en diferentes zonas del país, especialmente, en el Área Metropolitana de San Salvador”, expuso Jerson Rogelio Posada, ministro de Hacienda, en la solicitud enviada.

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Condiciones del préstamo con el BID

El futuro de la gestión ante catástrofes naturales dependerá de decisiones clave tomadas en instancias legislativas y del alcance de los acuerdos multilaterales en negociación (Foto cortesía Protección Civil/archivo)

El contrato propuesto con el BID establece un monto de hasta USD 150 millones, con un plazo de veintitrés años a partir de la firma. El cronograma de amortización contempla que la primera cuota se pagará a los 90 meses desde la entrada en vigencia del contrato y la última, a más tardar, en la fecha final prevista, con pagos semestrales y montos lo más homogéneos posible hasta la cancelación total.

El acuerdo financiero estipula que los intereses se calcularán en base a una Tasa de Referencia más el margen aplicable para préstamos de Capital Ordinario, y ofrece la opción de convertir dicha tasa a fija u otras modalidades disponibles. Los intereses comenzarán a pagarse a los seis meses de la entrada en vigor del contrato.

Respecto a las comisiones, se establece el pago de una comisión sobre el saldo no desembolsado del préstamo, un porcentaje que el BID ajusta periódicamente como parte de su política de cargos financieros y que no podrá superar el 0,75% anual. La comisión comenzará a devengarse 60 días después de la firma del contrato.

El objetivo central del préstamo es financiar las obras y acciones del Proyecto de Apoyo al Control de Inundaciones en el área Metropolitana de San Salvador, incluyendo mejoras en el drenaje y en los sistemas de aviso temprano para mitigar el impacto de eventos climáticos adversos.

Decisiones institucionales recientes podrían transformar la protección de comunidades expuestas, mientras surgen cuestionamientos sobre condiciones y etapas legales del proceso crediticio (Foto cortesía Protección Civil/ archivo)

Según lo comunicado en la solicitud, el contrato de préstamo que el Gobierno de El Salvador suscriba con el BID deberá presentarse nuevamente ante la Asamblea Legislativa para su aprobación, etapa necesaria para adquirir validez plena. Este procedimiento garantiza el cumplimiento de los marcos legales y constitucionales establecidos.

Recibida la solicitud será la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto la que estudiará dicha medida y de emitir su dictamen, pasará al pleno para su aprobación. De existir luz verde, la medida entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial.

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