El fallecimiento de Claudia Azucena Muñoz Ramos, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y madre de dos niños, durante un violento ataque en Villa Nueva ha generado una ola de dolor e indignación en Guatemala y reavivó la preocupación ante una escalada de violencia contra las fuerzas de seguridad.
El Gobierno, encabezado por Bernardo Arévalo, declaró tres días de luto nacional, dispuso que el pabellón en el Palacio Nacional y las entidades estatales ondeen a media asta y reconoció públicamente el “heroísmo” de los oficiales caídos. Arévalo remarcó: “Hoy habrá familias que quedarán marcadas de por vida por estas pérdidas. Su dolor es el dolor de toda Guatemala”.
En las horas posteriores al ataque, la Coalición por la Seguridad Ciudadana instó a las autoridades a dotar de recursos y respaldo legal a la tarea de la PNC y el Ejército. La organización enfatizó la necesidad de que sectores políticos y ciudadanos respalden conjuntamente el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos en momentos críticos, considerándolos pilares de la paz y la democracia nacional.
La muerte violenta de Muñoz Ramos, de 30 años y originaria del cantón Jícaro Grande en el departamento de Jutiapa, se produjo mientras cumplía funciones sobre la calzada Aguilar Batres.
En el mismo hecho perdió la vida su compañero, Samuel Valentín Matul Obispo, de 26 años. El saldo de agentes que murieron en servicio ascendió a siete, según confirmó el Ministerio de Gobernación, cuyos titulares manifestaron solidaridad con los familiares de los fallecidos y con los policías hospitalizados.
Las consecuencias de estos hechos superan el impacto inmediato: “Juntos estamos poniendo de rodillas a los criminales y a las estructuras corruptas que están detrás. Ellos están fracasando”, expresó el presidente Arévalo durante su alocución nacional, llamando a la unidad y asegurando la continuidad de las acciones oficiales para resguardar a la población.
El titular de Gobernación, Marco Antonio Villeda, evaluó de positiva la respuesta de las fuerzas de seguridad tras la retoma de la prisión Renovación 1, pero manifestó su pesar por las bajas recientes: “No estoy dispuesto como ministro de Gobernación ni a pactar ni a retornarles sus privilegios ni a conceder ningún tipo de consideración para que esta situación deje de producirse”, señaló de manera tajante. Villeda reiteró que los operativos continuarán en Escuintla y que el fortalecimiento de la seguridad pública se mantendrá en todo el país.
Condecoración y apoyo a las familias afectadas
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, David Estuardo Custodio Boteo, expresó sus condolencias a las familias de compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. “Han perdido un héroe, y no solo ustedes, sino también la Policía Nacional Civil”, reconoció el funcionario.
A raíz de los recientes hechos, el ministro de Gobernación ordenó la gestión inmediata de la condecoración correspondiente, según informó Boteo. Los jefes de comisaría donde prestaban servicio los agentes recibieron instrucciones precisas para elaborar los informes y realizar las gestiones necesarias para apoyar a las familias afectadas.
El estado de alerta instaurado en la Policía Nacional Civil responde a una serie de ataques realizados por presuntos pandilleros en distintas zonas, que coincidieron cronológicamente con la recuperación estatal del centro penitenciario Renovación 1. En este contexto, las autoridades endurecieron los dispositivos de control y reiteraron la negativa absoluta a negociar con grupos identificados como terroristas o aceptar restituciones de privilegios penitenciarios.
Las fuerzas de seguridad y la sociedad guatemalteca permanecen en vilo a la espera de resultados concretos en la identificación de los autores.
Las familias de Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñez, Geovani Darío Tecu Sesam,Sammy Iván López García y Diana Rosmery Chávez Alarcón recibieron expresiones de condolencia de parte del gobierno y diversas organizaciones, en medio del pedido unánime de justicia y la exigencia de garantías para los miembros de las fuerzas públicas guatemaltecas.