Según cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2023 se registraron 13.631.928 personas en edad escolar, es decir, colombianos entre los 5 y 21 años; de este grupo poblacional, el 26.7% residen en zonas rurales. Adicionalmente, esta misma entidad registró que para 2021 habían 55.889 sedes educativas en el país, de las cuales, el 67% estaban en zonas rurales y el 33% restante en áreas urbanas.
Con este panorama, la educación rural en Colombia representa un punto fundamental a tener en cuenta para mejorar los indicadores de calidad formativa en Colombia, por lo tanto, considerar factores respecto a cómo está la educación en estas áreas cobra especial importancia. Recientemente se reveló el informe “Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer” realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se pone en evidencia los desafíos estructurales que demandan una mejora significativa en calidad, cobertura y accesibilidad.
En términos de acceso a la educación, el informe subraya que “la cobertura en estas zonas enfrenta serios desafíos, especialmente en el nivel de preescolar, donde es solo del 47%, y en el nivel medio del 46%”. Aunque la cobertura en básica primaria y secundaria alcanza el 64%, aún persiste un problema de deserción escolar, pues “menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primero de primaria llegan a grado once”.
La calidad de la educación también es una preocupación importante en estas áreas. De acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 11, los estudiantes rurales obtuvieron 26 puntos menos que sus pares urbanos y 41.3 puntos menos en los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos resultados reflejan una “brecha significativa en calidad educativa” entre zonas rurales y urbanas.
También se aborda la falta de docentes cualificados y capacitados, destacando que muchos de ellos son multigrado y tienen contratos provisionales. “Cerca del 42% de los docentes en áreas rurales ocupan cargos provisionales frente al 27% de los docentes urbanos”, lo que contribuye a la inestabilidad y vulnerabilidad del sistema educativo rural.
Otro aspecto crítico es el acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable e internet. El informe detalla que “el 15,5% de las sedes educativas no tienen acceso a electricidad, y en Vichada y La Guajira, este porcentaje puede alcanzar el 68%”. Solamente el 40% de las sedes rurales cuentan con agua potable constante y gratuita, comparado con el 70% en áreas urbanas. Asimismo, “el 69,4% de las sedes rurales no tienen acceso a internet”, lo cual representa una brecha importante en el acceso a tecnologías de la información y la comunicación.
Las diferentes problemáticas o situaciones sociales de los estudiantes rurales también es un aspecto destacado en el informe, mencionando que “casi la mitad de los colegios rurales reportó no contar con profesionales para dar acompañamiento psicosocial a sus estudiantes”. Este problema se agrava con el aumento del 11% en embarazos de niñas entre los 10 y 14 años durante la pandemia.
Para enfrentar estos desafíos, el informe LEE y Save the Children estiman que “se requiere una inversión promedio de $ 4.9 billones anuales hasta 2030″ para abordar de manera integral las necesidades de la población estudiantil rural. Esta inversión debería incluir programas de jornada completa, alimentación escolar, formación docente, mejoras en infraestructura, transporte, apoyo psicosocial, y programas de prevención del embarazo adolescente, entre otros.
Se sugieren varias recomendaciones, como la creación de un fondo “Maestro Joven” para fomentar la incorporación de licenciados a través de prácticas y pasantías en zonas rurales y promover la contratación de docentes especializados. Además, se propone “optimizar el uso de la infraestructura existente y avanzar en la identificación de sedes educativas nodos”, para concentrar la oferta educativa y evitar las limitaciones de las aulas multigrado.
El informe subraya la necesidad de “una coordinación efectiva entre las diferentes entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil” para evitar la duplicidad de esfuerzos y asegurar una sincronización adecuada a las necesidades de la comunidad educativa rural. También enfatiza la importancia de “modernizar el uso de tecnologías y sistemas de información” para mejorar el monitoreo de la deserción escolar y optimizar la asignación de recursos y personal docente.
El informe concluye que el reto educativo en las zonas rurales de Colombia es enorme y requiere un enfoque integrado y con presupuestos específicos para abordar las múltiples facetas de la crisis educativa. “Es crucial que la legislación sobre educación rural promueva una coordinación efectiva” y que “se priorice el uso de tecnologías modernas” para mejorar las condiciones educativas y cerrar las brechas actuales.