La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de reducción de multas previsto por la Ley de Inocencia Fiscal II, que establece una rebaja del 50% para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro alcanzadas por determinadas infracciones formales.
Con esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno finalizó la reglamentación de la ley aprobada por el Congreso en septiembre con el objetivo de que los “dólares del colchón” de los argentinos ingresen al sistema financiero formal. En octubre pasado, un decreto había modificado la Declaración Jurada Simplificada, el requisito clave para acceder a los beneficios de la ley.
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La reducción de las multas incluye a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de este año. Según precisó ARCA en el comunicado, el beneficio “consiste en una quita del 50% en el monto de las infracciones para aquellas obligaciones vencidas que se hayan originado a partir del 2 de enero de este año y con anterioridad al 9 de octubre.”
Plazos y trámites para acceder al beneficio
En los casos en que la multa esté bajo discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes deberán realizar una presentación antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive a través del servicio web “Presentaciones Digitales”. Para solicitar el beneficio, deberán seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826” e identificar la sanción alcanzada mediante el número de sumario, resolución u otro instrumento que hubiera dispuesto su aplicación.
Si la multa no está bajo discusión, no hará falta ese trámite. Pero la pyme deberá cumplir con otro requisito: antes del 18 de diciembre, tendrán que regularizar “los deberes formales omitidos que originaron la multa”. Por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima. Vencido ese plazo sin haber subsanado la obligación formal, no se obtiene la reducción de la multa.
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La reducción dispuesta por la ley y su reglamentación abarca únicamente al importe de las multas, sin modificar el impuesto adeudado ni los intereses. Aplica únicamente a micro, pequeñas y medianas empresas con Certificado MiPyME, personas humanas y entidades sin fines de lucro, por lo que quedan excluidos los Grandes Contribuyentes. Y quién la utilice, ya no puede volver a reclamarle a ARCA por el monto de la multa aplicada.
Según el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la reducción sancionada hoy puede combinarse con otra ya existente en el artículo 49 bis de la Ley 11.683. Al respecto, puso como ejemplo: la multa por no presentar en término el Libro de IVA Digital para una sociedad anónima es de $10.000.000. “Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce a $7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, la ley de Inocencia Fiscal II la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $3.750.000. La reducción total es del 62,5%”, señaló.
Domínguez consideró que “una reducción de multas por incumplimientos formales es bienvenida”, aún cuando el monto de esa quita, a su juicio, “resulta insuficiente”, ya que “la mayoría de las pymes no puede afrontar” una multa de $3.750.000 tal como la explicitada en el ejemplo anterior.
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“Es relevante que las multas por incumplimientos formales, que no implican falta de pago del impuesto, guarden proporción con la gravedad de la infracción y con la capacidad contributiva de quien las recibe, de modo que la sanción cumpla su función de promover el cumplimiento sin comprometer la continuidad de la empresa”, afirmó Domínguez.
Recomendaciones para los contribuyentes
El especialista recomendó a los contribuyentes revisar las multas por incumplimientos formales generadas desde el 2 de enero de 2026 e identificar su situación: si no están firmes, si fueron confirmadas pero siguen impagas, si integran un plan de pagos o si continúan en discusión.
También aconsejó comprobar si el contribuyente reúne las condiciones para acceder al régimen al momento de la infracción, en particular la vigencia del Certificado MiPyME y su registración en el Sistema Registral. A su vez, plantea verificar si corresponde aplicar el descuento adicional ya mencionado del 25% previsto en el artículo 49 bis de la Ley 11.683.
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Por último, recomienda regularizar los deberes formales omitidos antes del 18 de diciembre de 2026. Cuando las multas estén bajo discusión, dentro de ARCA o incluso en una instancia judicial, sugiere “evaluar el allanamiento y, en su caso, realizar la presentación digital hasta esa fecha”.
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