La Argentina adhirió a una declaración de 15 países que cuestionó la sobrecapacidad estructural y la “producción excesiva” en sectores manufactureros, un fenómeno que, sin nombrar a China, el texto asoció con políticas estatales que sostienen una oferta por encima de la demanda global.
El pronunciamiento fue acordado por los representantes de Comercio de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos durante una reunión del G20 realizada la semana pasada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.
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La declaración, difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, definió la preocupación sobre las economías donde la producción supera de manera persistente la demanda mundial y donde esa capacidad “no habría existido bajo condiciones de mercado”. Según el documento, ese escenario puede ser creado, sostenido o impulsado por políticas e intervenciones gubernamentales.
Aunque el texto no identifica a ningún país, la referencia a un modelo de producción sostenido con apoyo estatal y con capacidad excedente que se vuelca a los mercados internacionales apunta a China. Los ministros advirtieron que esa dinámica altera precios y patrones de producción, desalienta inversiones y afecta las exportaciones basadas en condiciones de mercado.
El reclamo abarca autos eléctricos, baterías y paneles solares
El grupo manifestó inquietud por la capacidad instalada actual o proyectada en autos y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares. Para los países firmantes, la falta de medidas puede “paralizar” industrias nacionales, desplazar fabricación local, destruir empleos y debilitar las economías.
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El documento también sostuvo que la concentración de la producción en un país puede aumentar la dependencia de sus socios comerciales y volverlos más vulnerables a “la coerción económica, incluidas restricciones arbitrarias a las exportaciones”.
La posición incluye un llamado a poner fin a las políticas y prácticas ajenas al mercado que contribuyen a la sobrecapacidad. A la vez, los ministros señalaron que un número creciente de países ya adopta medidas para proteger a sus industrias, trabajadores y economías frente a esas distorsiones.
Los países crearán plataformas sectoriales para coordinar medidas
Los firmantes resolvieron crear plataformas de trabajo específicas para analizar el problema y definir respuestas en los cinco sectores priorizados. Funcionarios de alto nivel comenzaron esas conversaciones al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Antes de diciembre de 2026, los equipos técnicos deberán acordar los términos de referencia, intercambiar información y datos no confidenciales sobre la sobrecapacidad y sus efectos, además de identificar vacíos de información. El objetivo declarado es evaluar “acciones eficaces y, cuando sea posible, complementarias” para limitar el impacto sobre el comercio y el empleo.
El texto retomó un debate que el G20 ya había planteado en 2016, cuando sus líderes reconocieron que los subsidios y otras formas de respaldo estatal podían distorsionar los mercados y contribuir al exceso de capacidad mundial. Diez años después, los ministros afirmaron que el problema se agravó y extendieron el reclamo a nuevas industrias vinculadas con la transición energética y la tecnología.
Otra firma contra el trabajo forzoso
El pronunciamiento sobre la sobrecapacidad industrial se conoció junto con otra declaración suscripta por Argentina, Estados Unidos y México, en la que los tres países plantearon la necesidad de retirar de las cadenas globales de suministro los bienes elaborados con trabajo forzoso.
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Las autoridades de los tres países señalaron que esa práctica vulnera derechos humanos y, a la vez, genera un problema comercial al permitir beneficios indebidos para quienes la utilizan.
“La presencia sostenida de mercancías producidas con trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro, junto con la falta de mecanismos que impidan su comercio internacional, afecta negativamente al intercambio mundial y debilita la confianza en la equidad del sistema comercial”, remarcó la declaración conjunta.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 28 millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso en el mundo en 2021. La cifra representó un alza cercana al 10% respecto de los cinco años anteriores, con 2,7 millones de personas adicionales en esa situación.
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Según la declaración, los productos elaborados bajo esas condiciones pueden ingresar a los mercados con una “ventaja artificial de precios”, lo que altera la competencia, perjudica a las empresas que no recurren a esa práctica y debilita las políticas de protección laboral. El documento advirtió que la permanencia de esas mercancías en el comercio internacional también afecta la confianza en la equidad del sistema de intercambio.
Las tres naciones instaron a reforzar las medidas nacionales y la cooperación internacional para impedir la importación o venta de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso. Además, propusieron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) abra discusiones sobre el impacto de esa práctica, facilite el intercambio de información sobre cadenas de suministro bajo riesgo y permita compartir mecanismos de control.
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