El Gobierno va a insistir con el proyecto de Inocencia Fiscal durante las sesiones extraordinarias, que presentó a mediados de año y dejó sin tratamiento a la espera del recambio en el Congreso. Pero en el peronismo ya plantean cambios en la letra chica que complican al ministro de Economía, Luis Caputo.
A mediados de este año, con el objetivo de que la economía “siga creciendo al 6% anual”, el Gobierno presentó el proyecto para que los argentinos saquen “los dólares del colchón”, una buena parte de ellos comprados durante los años de cepo cambiario.
Con el recambio y la conformación de la primera minoría en la Cámara de Diputados, ahora el Gobierno quiere que el proyecto se trate. Caputo sigue teniendo el foco sobre los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. Durante su participación el martes pasado en el evento de la Fundación IEB, el ministro estimó que hay cerca de USD 200.000 millones en juego.
Y a pesar de que ahora La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una mayor cantidad de legisladores, aún necesita negociar con los bloques dialoguistas para poder sancionar leyes. A la par, el peronismo junta firmas para ir con un dictamen de minoría que introduzca cambios al proyecto. Según pudo saber Infobae de fuentes involucradas en las negociaciones, habría dos cambios puntuales que quieren introducir.
El primero se relaciona con los montos de las multas automáticas. La propuesta del peronismo sería graduar el monto de las multas en función del contribuyente. “No puede pagar lo mismo un kiosco, que una fábrica”, comentó uno de los interlocutores en las negociaciones.
“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38 que hoy son de $200 -totalmente desactualizado- para personas humanas pasa a $ 220.000 y jurídicas de $ 400 a $ 440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarias, Sebastián Domínguez.
Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas, “Puede haber una pequeña y mediana empresa (pyme) que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó Domínguez. La propuesta por la que presionaría el peronismo es aplicar vincular el monto de esa multa a una categorización pyme (micro, pequeña empresa, mediana, Tramo 1 y 2).
Lo mismo sostuvo la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noeli Girardi para quien es polemico la propuesta del Gobierno de aumentar las multas en un monto fijo y elevado. Las cual se se aplicarían por igual a todos los contribuyentes, sin distinguir tamaño, capacidad económica ni gravedad del incumplimiento.
“La propuesta de graduación apunta a que personas físicas y pymes no reciban la misma sanción que una gran empresa por un incumplimiento meramente formal. El debate de fondo no es si las multas deben actualizarse, sino si el sistema sancionatorio debe ser proporcional y razonable, respetando la capacidad contributiva. El riesgo que se señala es que, si las multas no se gradúan, el régimen termine siendo regresivo, castigando errores formales con el mismo rigor que conductas de evasión relevante”, destacó.
¿Paso a Pazo?
Estos cambios complicarían al ministro de Economía Caputo ya que tomaría una de las cajas del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, en medio de versiones sobre su salida del organismo que surgen de la propia Casa Rosada, pero niegan en el entorno del funcionario.
Pero no trataría del único cambio, el peronismo quiere ir por la condición respecto a la prescripción. En el proyecto del Gobierno se propone una baja de la prescripción a tres años si se cumplen con determinados requisitos, se buscaría que se mantengan los cinco años en caso de los convenios de doble imposición.
El proyecto con media sanción
Pero en el ínterin de la presentación del proyecto por parte del Gobierno y la insistencia ahora en diciembre, los diputados Ricardo López Murphy y Óscar Agost Carreño lograron que se diera media sanción a su iniciativa del Régimen de Procedimiento Tributaria (que establecía actualización de los parámetros por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)). En cambio, la iniciativa del oficialismo propone un ajuste fijo.
Según pudo saber Infobae, durante la votación del proyecto de López Murphy y Agost Carreño, el Gobierno intentó insistir con su versión del Régimen de Procedimiento Tributario e incluir por la “ventana” el resto de los cambios. Este movimiento fue rechazado por los diputados dialoguistas, quienes habían negociado el apoyo oficialista como moneda de intercambio para la aprobación de la Ley Antimafias.
El juego de los bancos
Los bancos siguen jugando en contra de Caputo. Desde el minuto uno, desestimaron las indicaciones de la UIF y comenzaron a solicitar a sus clientes una declaración jurada voluntaria del origen de los fondos para realizar las transacciones. Una situación de la que fue alertado en reiteradas ocasiones el ministro, quien aseguró encargarse del tema.
“Los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno, siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la declaración jurada ya prepararon los formularios por si querés entregarla voluntariamente, con eso evitas hacer la certificación”, afirmó el contador Alejandro Rosenfeld en la red social X.
El tuit recibió la respuesta del propio Caputo, quien les pidió a los contribuyentes que no le entreguen documentación a los bancos. “Si insisten con no atacar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, advirtió. Hasta el momento, los pedidos de documentación por parte de los bancos se mantienen y en el Gobierno no hay una respuesta clara sobre qué van a hacer para sortear este obstáculo.