“Amenaza directa a las pyme y al empleo”: bolsas de comercio de todo el país rechazaron la reforma jubilatoria que aprobó el Senado

Doce entidades de todo el país, incluidas las más grandes bolsas de comercio de los distritos más grandes de la Argentina, rechazaron frontalmente en un comunicado la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas incluidas en la reforma del sistema jubilatorio que el Senado convirtió en ley el jueves por la tarde y que significa una traba importante, tal vez insuperable, al financiamiento del sector de pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Argentina.

La norma, señalaron las entidades firmantes, es “una amenaza directa al financiamiento PyME y al empleo”.

El comunicado, suscripto por BYMA (Bolsas y Mercados de la Argentina) A3, las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de Chaco, de Córdoba, de Mendoza, de Bahía Blanca y la Bolsa de Comercio de Confederada (Corrientes), además de la Caja de Valores, expresaron “su profunda preocupación y enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 de julio”.

Golpe directo

La medida, señalaron las doce entidades firmantes, “implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil. Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo”.

“Este cambio realizado sin debate ni consultas -e incluido en la iniciativa sancionada por un heterogéneo bloque opositor, encabezado por el kirchnerismo- no sólo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las Pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria”, dice otro pasaje del texto.

Costo y eficiencia fiscal

Además, precisa, “el supuesto ‘costo fiscal’ que se intenta justificar es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera. El crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino, muy lejos de lo se observa en aquellos países contra los cuales competimos. Este ratio sería aún menor de no existir las SGR, que han sido uno de los puentes fundamentales para que miles de PyMEs puedan invertir, crecer y sostener el empleo formal. La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”, concluye el texto.

Sucede que la ley sancionada por el Senado, y que el presidente Javier Milei señaló el mismo jueves por la noche, en un discurso en la Bolsa de Comercio, que vetará, vinculó dos cuestiones muy dispares, como la búsqueda de fondos para aumentar los haberes jubilatorios, de un lado, y del otro el crédito a las pequeñas empresas.

Para compensar en parte el aumento de gastos, en su artículo 10 el proyecto elimina las exenciones impositivas para los aportantes a las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), que avalan 1 de cada 3 préstamos pymes en la Argentina.

La sanción encendió alarmas en el sector pyme, pues pone en riesgo un sistema crediticio que hace 30 años garantiza a las empresas que carecen de ellas y las precisan para financiarse en los bancos.

Según señaló Ignacio Pérez Riba, secretario de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog), el costo fiscal para el Estado nacional por las exenciones impositivas del sistema de Garantías Recíprocas es de USD 136 millones anuales, un monto ínfimo comparado con la suma que representa el aumento de fondos jubilatorios y -según señaló a Infobae- “de notable eficiencia fiscal”, teniendo en cuenta los beneficios económicos y productivos que genera.

“El sistema (de SGRs, que quedaría desfinanciado) genera una fuerte externalidad positiva en términos de recaudación: las pymes financiadas tributan IVA, Ganancias, aportes y contribuciones, lo que más que compensa lo que el estado deja de recaudar”, explicó Pérez Riba.

Las doce entidades firmantes del comunicado de este sábado fueron aún más contundentes. La nueva norma, dijeron, es una amenaza a las pymes y al empleo.