El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina.
“El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, explicó a Infobae el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors especializado en el caso.
“La teoría te dicta que Argentina debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo... directamente no esperó y apeló. No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, agregó.
La causa
La demanda “madre” de este caso tiene que ver con la expropiación de YPF, que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, es estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.
Ese fallo condenatorio fue apelado y, en paralelo, la causa siguió tramitándose en el tribunal de Preska. En ese contexto, Burford realizó una serie de requerimientos -con el objetivo final de negociar con Argentina-, entre ellos quedarse con las acciones de la petrolera.
Como destacó Infobae en exclusiva ayer, el Gobierno espera otro fallo adverso en la causa. Podría ser que ahora, a pesar de haber apelado directamente a la Cámara, Preska pida garantías para conceder el stay.
Si eso ocurre, la cámara no resuelve la apelación antes del lunes y Argentina no pone activos en garantía, podría entrar en desacato (lo tiene que pedir los demandantes). Sería un golpe para la credibilidad del país en un contexto de apertura económica, búsqueda de regresar a los mercados internacionales de crédito e intento de que lleguen inversiones que dinamicen la economía.
Como detallo este medio, el Gobierno está convencido de que hay “buitres domésticos” que operan, por distintos motivos -políticos, coyunturales y económicos- contra Argentina.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen cerca del Presidente.
Apuntan a las declaraciones recientes de Axel Kicillof, gobernador bonaerense; y también a exfuncionarios, a estudios de abogados privados, a analistas e, incluso, a empresas que, aseguran, podrían mover intereses de manera insidiosa para hacer negocios en Vaca Muerta aprovechando una YPF que si bien está fuera de la causa podría verse afectada.
Además, como parte de la estrategia general, el Estado le pedirá ayuda al Gobierno de EEUU que opine en el caso, como ya ocurrió el año pasado, cuando Joe Biden era presidente. Otro de los pilares de la defensa, aseguran en Casa Rosada, será no negociar.
“No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales. Hay mucha especulación por una negociación porque hay muchos que se pueden llevar una gran tajada especulando. En esto están confluyendo poderes políticos, corporativos, del petróleo”, dicen en el Gobierno.
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