Desregulación: el Gobierno eliminó programas pyme “ineficientes, discrecionales y estériles”

El Gobierno eliminó una serie de programas y estructuras que tenían como objetivo fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. A criterio del Ejecutivo eran “ineficientes, discrecionales y estériles” y afectaban la dinámica del libre mercado.

La medida se oficializó a través del decreto 339/24. Los considerandos de la norma se apoyan en que el Decreto N° 70/23 estableció que el Estado Nacional “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

“Dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, explica.

Puntualmente, se eliminan varios artículos de la la Ley N° 25.872, el texto que creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Esta tenía los objetivos de:

1. fomentar el espíritu emprendedor en la juventud, promoviendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas nacionales;
2. brindar herramientas fiscales y financieras, en el marco de las políticas del Estado, con el objeto de crear y afianzar proyectos elaborados por la juventud empresaria;
3. promover la inserción en mercados nacionales e internacionales de bienes y servicios industriales, elaborados o prestados por la juventud emprendedora;
4. incentivar la elaboración de proyectos, ejecutados por la juventud empresaria, que incorporen innovación tecnológica
5. articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas.

El Ejecutivo cree que “los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado”.

El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que “el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región”.

Igualmente, el decreto aclara que “las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa”.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, contó a través de sus redes sociales el caso del economista, ex presidente del Banco Nación y productor PYME del dulce de leche La Salamandra, Javier González Fraga, solía decir que ‘las regulaciones en este sector deben ser obra de Mastellone, porque lo que es yo, como PYME, no tengo manera de cumplirlas’”.

“Es un ejemplo que ilustra los desafíos que el Estado le ha creado a nuestras PYMEs: impuestos al trabajo, obligaciones societarias, bloqueo al mercado de capitales, restricciones al crédito bancario, riesgo kuka (también llamado país), inseguridad jurídica, Sircreb, y siguen las firmas. La realidad, la producción y el mercado son un juego de niños comparado con las dificultades que impone el Estado”, sostuvo.

“En nuestra hipocresía decimos defender las PYMES, luego de romperles las piernas. Una vez que están en el piso el Estado les tiende, generoso, un bastón pagado con plata ajena. Un presidente de Angola una vez dijo ‘hay que crear obstáculos para luego poder ofrecer soluciones’. Describe perfecto lo que hacemos con las PYMES”, dijo.

Y señaló que “para nosotros una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad, tener una macro ordenada que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos paliativos, ni generar condiciones diferenciales que generan un incentivo a mantenerse chico. En realidad, no queremos que las empresas sean siempre pequeñas, la pequeñez no es necesariamente una virtud. La pequeñez es por donde se empieza, pero el sueño es que nuestras PYMES eventualmente conquisten el mundo”.

“En ese espíritu el Decreto Delegado 339/24, firmado por el Presidente Javier Milei, deroga más de 20 artículos de las leyes 24.467 y 25.872, eliminando una red de programas y estructuras estatales que decían ‘fomentar’ a las PyMEs, pero que en realidad eran ineficientes, discrecionales y estériles. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados", afirmó Sturzenegger.

Entre estos programas había agencias que, según el Gobierno, nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, “vínculos forzados” entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que “no lograron nada”, y una “burocracia costosa sin impacto”.

El funcionario ilustró esta situación con el Programa “Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas cuando en Argentina existen más de 500.000 PyMES. “Un modelo para pocos (el 0,03% de las PYMES), quizás amigos del poder, y seguramente de CABA (porque la regulación también es eminentemente antifederal)”, afirmó.

Concluyó haciendo una enumeración de las medidas concretadas que considera relevantes: “Hoy el verdadero apoyo a la PyMES está en el modelo de la libertad. En lo que lleva de mandato, el gobierno de Milei redujo la inflación, liberó el tipo de cambio, eliminó miles de regulaciones, reinstaló las sociedades anónimas simplificadas, y le devolvió el crédito al sector productivo”.

“El crédito a MiPyMEs, pasó del 1,1% al 1,9% del PBI, durante el ultimo año (+72%). Una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir. VLLC!”, agregó.