Empresas fintech se quejaron de los impuestos provinciales “asfixiantes” y aseguraron que son un “cepo” al desarrollo

Las empresas fintech criticaron el aumento de impuestos distorsivos por parte de algunas provincias y la administración nacional y calificaron la carga tributaria sobre la industria tecnológica y financiera en el país como “asfixiante”. El reclamo se suma al de otras compañías por las tasas municipales.

“La decisión de ciertas provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos, más conocido como impuesto al cheque, sobre flujos de fondos de terceros, representa un cepo para el desarrollo. Hoy día, el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos”, aseguraron desde la Cámara Fintech.

“Las herramientas existentes, disponibilizadas por múltiples actores del sistema financiero tecnológico, han demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva. No es un tema de disponibilidad ni capacidad de uso, sino de viabilidad ante la carga tributaria”, sostuvieron.

De acuerdo a la entidad que nuclea a las empresas del sector, el impacto de estas medidas se extienden a toda la economía, generando:

1. Encarecimiento de los servicios financieros y de pago para comerciantes y consumidores
2. Incremento en el costo del crédito, lo que afecta directamente la capacidad de emprendedores y PyMEs de acceder a financiamiento
3. Pérdida de competitividad de las jurisdicciones, desalentando inversiones y dificultando la generación de empleo en sectores estratégicos
4. Riesgo para la sostenibilidad de empresas tecnológicas que han realizado importantes inversiones en innovación y desarrollo

Además, consideraron que los gravámenes aplicados sobre saldos o facturación -sin considerar los márgenes operativos- no solo son regresivos, sino que desincentivan la digitalización de la economía y limitan la inclusión financiera.

Respecto a Ingresos Brutos, las fintech señalaron que en los últimos meses, algunas provincias optaron por subir alícuotas, que en algunos casos llegan al 16,5%. Conocido por calcularse principalmente a partir del monto facturado, es un tributo ampliamente criticado porque se aplica en todas las etapas de producción, generando acumulación impositiva, un efecto “cascada”.

Por otra parte, actualmente el Decreto 796/2021 limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales, “lo que genera una desigualdad de condiciones entre éstos y el resto de los actores del sistema financiero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas de las compañías”, aseguraron.

Esta situación también afecta a ciertas empresas vinculadas a recaudación por cuenta y orden de terceros. Para el caso de los Proveedores de Activos Virtuales (PSAV), también conocidos como “crypto exchanges”, esta discriminación se suma a que, en los últimos meses, “debieron asumir mayores costos operativos y administrativos al ser incorporados como sujetos regulados la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.

“La Cámara Argentina Fintech hace un llamado a las autoridades de todos los niveles a trabajar en conjunto para reducir la presión tributaria sobre las personas y comercios para favorecer la competencia, la inversión y el crecimiento sostenible de la economía de nuestro país”, concluyó el comunicado.

En diciembre pasado, el presidente Javier Milei había asegurado: “Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales”. Se trata de una iniciativa que todavía recorre los despachos oficiales y cuyo tratamiento en el Congreso todavía es incierto, pero que ocurra en 2025.

“Le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente: “En caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año”.

También, a través de su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo: “A las provincias y municipios les digo que están cordialmente invitados a esta tarea. Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas EL PEOR IMPUESTO que una economía puede tener”.

“Al contrario, muchas lo han subido, y algunas a niveles aberrantes. Ni hablar de algunos Municipios, que están directamente estafando a sus vecinos con tasas municipales que no tienen ninguna correlación con las prestaciones que brindan, es decir, contrariamente a lo que dice la ley”, agregó.

Sobre estas últimas, no es la primera vez que Caputo se expresa públicamente en contra. Semanas atrás el Ministerio envió una carta dirigida a los gobernadores para que tomen medidas a fin de que los municipios deroguen algunas de las tasas, que consideran “ilegales y arbitrarias”. “Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos”, aseguró en redes sociales.

Además, en el escrito se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.

Incluso, el Ministerio de Economía presentó una demanda contra la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lomas de Zamora por el cobro de la tasa vial, un cargo que se fija sobre el precio del litro de combustible y que, según las autoridades, es ilegal.