En paralelo con el decreto que designa a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza lanzaron este miércoles la licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones estatales en Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), empresa clave en el sector energético y metalúrgico. La empresa, fundada por la familia Pescarmona, se especializa en la fabricación de equipos para proyectos hidroeléctricos, nucleares y energías renovables.
El Estado, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), posee el 63,7% de las acciones, mientras que Mendoza es dueña del 21,2%, lo que suman un total del 84,9% del capital accionario que ahora se ofrece en licitación. El resto de los títulos se distribuyen entre acreedores y la familia Pescarmona, fundadora de la compañía. Con esta aprobación se da un paso decisivo hacia la privatización total de la empresa, cuya deuda supera los U$S 500 millones. Este proceso marca un momento crucial, ya que representa la privatización completa de la compañía, que fue intervenida por el Estado en 2021 para evitar su quiebra.
De acuerdo con lo informado en el Boletín Oficial, el Pliego de Bases y Condiciones puede adquirirse por $1.000, y tanto terceros como los actuales accionistas pueden participar, si cumplen con las condiciones estipuladas. La apertura de sobres está programada para el 31 de octubre, por lo que la presentación de ofertas podrá hacerse hasta esa fecha.
“FONDEP y la Provincia de Mendoza llaman a Licitación para la adquisición de la totalidad de las acciones clase “C” de IMPSA S.A. representativas del 84,9% del capital social (el 63,7% del capital social, representado en 1.362.479.300 cantidad de acciones, pertenece al FONDEP, y el 21,2% del capital social, representado en 453.446.800 cantidad de acciones, pertenece a la Provincia de Mendoza) y sus correspondientes derechos de voto y derechos políticos”, dice la comunicación oficial.
Los interesados
Hasta el momento, la firma estadounidense ARC Energy es la única que ha presentado una oferta formal, y ofreció una capitalización inicial de U$S 30 millones. Sin embargo, otros posibles inversores internacionales, incluyendo empresas de Brasil, Alemania y España, también expresaron interés en participar en la licitación, lo que augura una competencia por quedarse con este activo estratégico.
La histórica empresa metalúrgica, fundada en 1907, será completamente privatizada tras su estatización en 2021 para evitar la quiebra. Ahora, tras un proceso de saneamiento financiero, el Estado ha decidido volver a transferir su control a manos privadas. IMPSA creció como una de las principales empresas metalúrgicas del país, especializada en el diseño y fabricación de equipamiento de alta tecnología para proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, la empresa enfrentó graves problemas financieros a partir de la década de 2010, en gran parte, debido a negocios fallidos en Venezuela y Brasil. Estos compromisos, adquiridos a través de una subsidiaria brasileña, llevaron a la acumulación de una deuda superior a los USD 1.000 millones para 2018.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar la empresa, en un intento por salvarla de la quiebra y preservar los más de 700 puestos de trabajo que generaba. En ese momento, el Estado nacional adquirió el 63,7% de las acciones, inyectando USD 15 millones para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros USD 5 millones para asegurar su participación en la estructura accionaria.
El objetivo de la estatización era preservar una compañía considerada estratégica, tanto por su capacidad de generar exportaciones como por su relación con más de 100 pequeñas y medianas empresas que dependen de su actividad. IMPSA exporta el 85% de su producción y opera en más de 40 países, con contratos relevantes en sectores como el petróleo, el gas, y las energías renovables.
Uno de los principales criterios que evaluarán las autoridades será el plan de negocios de los interesados, que deberá asegurar la continuidad de las operaciones de IMPSA, la preservación de los puestos de trabajo y la participación de las pymes locales en la cadena de producción. Al mismo tiempo, los inversores deberán asumir la deuda de más de 500 millones de dólares que arrastra la empresa, lo que podría influir en las ofertas que se presenten.