La privatización de la histórica empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) avanza rápidamente. El Senado de Mendoza aprobó ayer el proyecto de ley que autoriza la venta del 21,2% de las acciones que posee la provincia, un paso fundamental para concretar la transferencia total de la compañía al sector privado. Con 19 votos a favor y 16 en contra, la legislatura provincial dio luz verde a la medida impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo. Este avance legislativo también responde a las políticas del nuevo gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que promueve una agenda de privatizaciones de firmas que están en manos del Estado.
IMPSA es una de las empresas más importantes de Argentina en el sector metalúrgico y energético, con participación clave en proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, energía nuclear y equipamiento para la industria petrolera y de gas. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza mantiene el 21,2%. El resto de los títulos se distribuyen entre acreedores y la familia Pescarmona, fundadora de la compañía. Con esta aprobación se da un paso decisivo hacia la privatización total de la empresa, cuya deuda supera los 500 millones de dólares.
El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza se preparan ahora para la convocatoria de un concurso internacional para la venta de la empresa. La compañía estadounidense ARC Energy fue una de las primeras en manifestar públicamente su interés en adquirir parte de las acciones de IMPSA, ofreciendo una capitalización inicial de 30 millones de dólares. Sin embargo, otros posibles inversores internacionales, incluyendo empresas de Brasil, Alemania y España, también expresaron interés en participar en la licitación.
IMPSA fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y creció como una de las principales empresas metalúrgicas del país, especializada en el diseño y fabricación de equipamiento de alta tecnología para proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, la empresa enfrentó graves problemas financieros a partir de la década de 2010, en gran parte debido a negocios fallidos en Venezuela y Brasil. Estos compromisos, adquiridos a través de una subsidiaria brasileña, llevaron a la acumulación de una deuda superior a los USD 1.000 millones para 2018.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar IMPSA, en un intento por salvar la empresa de la quiebra y preservar los más de 700 puestos de trabajo que generaba. En ese momento, el Estado nacional adquirió el 63,7% de las acciones, inyectando USD 15 millones para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros USD 5 millones para asegurar su participación en la estructura accionaria.
El objetivo de la estatización era preservar una compañía considerada estratégica, tanto por su capacidad de generar exportaciones como por su relación con más de 100 pequeñas y medianas empresas que dependen de su actividad. IMPSA exporta el 85% de su producción y opera en más de 40 países, con contratos relevantes en sectores como el petróleo, el gas, y las energías renovables.
Sin embargo, la empresa continuó enfrentando dificultades financieras, acumulando una deuda de USD 566 millones, según datos del Ministerio de Economía. A pesar de la reestructuración de la deuda realizada en 2020, el panorama para IMPSA siguió siendo deficitario, lo que llevó al gobierno de Javier Milei a incluirla en su plan de privatizaciones.
La licitación internacional, que se abrirá en las próximas semanas, será clave para definir el futuro de la empresa. El gobierno de Mendoza y el Ministerio de Economía trabajan en conjunto para llevar a cabo un proceso de venta transparente y competitivo, que atraiga a inversores con la capacidad financiera y técnica para revitalizar la compañía.
Uno de los principales criterios que evaluarán las autoridades será el plan de negocios de los interesados, que deberá asegurar la continuidad de las operaciones de IMPSA, la preservación de los puestos de trabajo y la participación de las pymes locales en la cadena de producción. Al mismo tiempo, los inversores deberán asumir la deuda de más de 500 millones de dólares que arrastra la empresa, lo que podría influir en las ofertas que se presenten.