El Gobierno eliminó esta mañana la obligatoriedad de contar con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) para camiones de carga. La iniciativa conjunta del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y la secretaría de Transporte a cargo de Franco Mogetta, fue presentada como una nueva medida orientada a reducir la burocracia y los costos para las empresas de camiones. Y apuntó particularmente sobre un trámite que en sus inicios fue apodado como “registro Moyano”, porque los controles de salud se realizaban en clínicas asociadas a la obra social SICHOCA.
En los hechos las dos dependencias preparan una norma para terminar con el mentado trámite, bajo el concepto de no pedir dos veces el mismo certificado: en el gobierno entienden que un camionero con licencia de conducir no necesita otra licencia. Pero mientras se espera por la reorganización de ese punto, la norma publicada hoy reduce la cantidad de documentos que deben llevar los choferes de camiones a uno sólo, la licencia nacional de conductor.
Así, la intención de Sturzenegger y Mogetta de eliminar el LINTI se adelantó en los hechos. Dentro de 60 días, cuando rija plenamente la norma publicada hoy, ya no se va a exigir a los conductores tenerlo.
La eliminación del trámite fue muy bien recibida por automotrices, que aseguran que sus ventas de pick-ups y pequeños utilitarios cuyos conductores se veían forzados a obtener la licencia podrían ser mayores, ya que los pequeños transportistas en general que van a necesitar un trámite menos. Pero la recepción positiva no fue unánime: Fadeeac, la federación que nuclea a las empresas de camiones, rechaza la medida bajo el argumento de que afectará seriamente la actividad.
El LINTI, un trámite anual para choferes de camiones, implica un examen de idoneidad -de manejo- y una revisión médica que en casi todos los casos es anual. Para obtener esa licencia, los choferes debían pasar por clínicas adheridas al sistema y por la propia Fadeeac, que proveía el curso y el examen para los camioneros. La revisación psicofísica costaba unos $33.000 anuales y, como al momento de ser lanzada se realizaba en clínicas de la obra social de camioneros, fue apodado el “registro Moyano”.
En el sector aseguran que, ahora, son múltiples las clínicas que realizan la revisación y ya no tienen relación directa con camioneros y su líder, Pablo Moyano.
La otra pata del LINTI, el examen de idoneidad, mientras tanto, costaba cada año unos $96.000. Y en este caso los menores ingresos serán para la federación, que tiene una estructura, aulas, simuladores y otros recursos necesarios para la evaluación. Allí, la recepción fue lógicamente fría.
“El truchaje está de fiesta. En España se necesita un curso larguísimo para poder manejar un camión, en Francia otro tanto. Ahora, en la Argentina con sólo tramitar el registro de camionero en un municipio ya estás autorizado. Y muchos municipios no toman los exámenes porque los camiones no entran en sus pistas”, se quejó Roberto Rivero, director ejecutivo de Fadeeac.
“Hablan de reducción de costos, y los costos del LINTI son el 0,3% de lo que se gasta al año con un camionero promedio. Después hay una triple certificación para los camiones, que tiene costos mucho más relevantes, y no la tocan. Lo que hicieron es una bomba para la seguridad vial, vamos a compartir las rutas con un camión que está siendo manejado por personas sin ninguna capacitación y sin una licencia en la que, una de las principales causas de rechazo es el consumo de sustancias prohibidas”, agregó Rivero.
Para los usuarios de camionetas y vehículos utilitarios -además de la industria automotriz-, mientras tanto, el fin del LINTI obligatorio es una gran noticia. La norma, al ser tan abarcativa, llegaba a pesar sobre vehículos de contratistas que transportaban sus propias herramientas (por ejemplo jardineros, mecánicos y otros que usaban utilitarios para trabajar) aunque no se dedicaran al transporte. Incluso, también a particulares que usaban camionetas para sus actividades privadas o recreativas.
Otra medida recibió un visto bueno más generalizado. Al mismo tiempo que volvió voluntario el LINTI, el Gobierno simplificó los trámites para el Transporte Automotor de cargas en todo el país. En este sentido, el proceso de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor, más conocido como RUTA, será digital, declarativo, sin costo y no exigirá presencialidad.
El RUTA es un registro en el que debe inscribirse todo el que realice transporte o servicios de transporte y sus vehículos propios o contratados. Se encuentra en vigencia desde 2003 y quienes no estén inscriptos pueden recibir multas.
La normativa original establecía que la inscripción es obligatoria para las empresas (personas humanas o jurídicas) y sus vehículos, que efectúen transporte nacional e internacional de cargas, a partir de los 700 kg de capacidad de carga. A partir de ahora, con el decreto 832/2024, ese peso ese eleva a 3500 kilos, reduciendo de manera sustancial la cantidad transportistas que deben hacerlo. Así quedarán eximidos vehículos como pick ups, casas rodantes, remolques, furgones y camiones urbanos.
Según el ministerio de Desregulación, el cambio representará un ahorro para el sector privado de $500 millones: ”Los nueve trámites que implicaba el registro se realizaban en forma presencial con una demora de más de 70 días. Además, cada formulario costaba $3200. Además, la demora del trámite pasará a ser de 5 días, frente a semanas o meses que podía demorar hasta ahora”.