El fin del más reciente paro salvaje de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que según informó Aerolíneas Argentinas afectó a más de 37.000 pasajeros y cerca de 300 vuelos, detuvo por completo la actividad en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y afectó también la operación de las líneas áreas low cost.
El propio presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, estimó que el paró le costó a la empresa entre USD 2,5 y 3 millones, además de dañar la reputación de la “marca Aerolíneas”, algo que se refleja, por caso, en la caída de reservas, cercana al 20% en los vuelos domésticos y al 10% en las rutas internacionales.
Aunque fue técnicamente un paro, al paralizar la actividad de Aeroparque, la acción sindical tuvo cierta familiaridad con un bloqueo sindical, práctica que en 2021 generó la fundación del “Movimiento Empresario Anti-Bloqueos” (MEAB), que impulsa en el Congreso la sanción de un proyecto de ley presentado por su primera presidente, Verónica Razzini, quien en 2023 fue electa diputada nacional por la provincia de Santa Fe por el PRO, representación que asumió en diciembre pasado.
¿Delito penal?
Razzini presentó en el Congreso un proyecto que busca encuadrar el bloqueo sindical como un delito penal, por tratarse de una acción que genera pérdidas multimillonarias a las compañías apuntadas y porque no es producto de grupos de personas que espontáneamente cortan el acceso a y la salida de un espacio de trabajo. Según Razzini, el bloqueo va más allá de impedir el acceso o la salida de una planta o lugar de trabajo; consiste en cualquier forma de paralizar la actividad de una empresa.
De acuerdo a los datos que maneja el MEAB, en lo que va de 2024 hubo 17 bloqueos y se evitaron 71 gracias a acciones preventivas.
La idea de encuadrar el bloqueo como una figura penal se originó en la ley bases, que en el capítulo de modernización laboral refirió el nuevo “despido justificado” en casos de bloqueo o toma del lugar de trabajo. Para Razzini, la situación amerita una ley, pues el bloqueo se volvió una práctica recurrente que genera enormes daños, además de tener una naturaleza extorsiva.
“Pusimos mucho énfasis en los datos, para dimensionar el problema”, dijo Juan Gabriel Méndez, quien asumió la presidencia del MEAB cuando Razzini asumió como diputada nacional.
La semana pasada, Méndez, titular de una empresa de logística y expuesto a las presiones del gremio de los Moyano, expuso sobre el tema ante la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz. Méndez explicó a Infobae que hay una gran resistencia sindical a que avance un proyecto que tipifique penalmente las acciones de bloqueo, “porque no les conviene”.
Sin embargo, aclaró, “la idea que queremos remarcar es que no estamos en contra de los derechos sindicales. El MEAB no fue creado para quitarles derechos, los trabajadores son personas y hay que cuidarlas y respetarlas. Pero estamos en contra de los excesos que los sindicatos muchas veces les imponen, Nosotros cuidamos a nuestros empleados, más aún con lo que cuesta capacitarlos. Es muy difícil; hay mucha gente que estuvo desempleada durante mucho tiempo. Cuesta conseguir, han destruido las escuelas y la formación técnica. Para nosotros los empleados son muy importantes. No los tomamos para echarlos”.
Restablecer un equilibrio
De lo que se trata, dijo Méndez, es de “cuidar los derechos de ambos lados y restablecer un equilibrio”. El Movimiento Empresario Anti-Bloqueos, dijo, es una asociación civil apartidaria, como remarca su propio estatuto.
Razzini, que lo creó, fue la primera presidente. Pero en 2021 el gobierno nacional resistió otorgarles personería jurídica, algo que pudieron lograr en Santa Fe. En diciembre, Méndez asumió la presidencia del movimiento.
Además del proyecto de Razzini en Diputados, el MEAB fue consultado por iniciativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el armado del protocolo anti-bloqueos. Y en el marco de la reforma laboral también está en diseño un protocolo en cuya elaboración participan cámaras empresarias, la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, y representantes sindicales. El objetivo es definir la responsabilidad de cada una de las partes en los episodios de bloqueo.
El MEAB nació en 2021 luego de que el sindicato de camioneros bloqueó por tres meses precisamente al “Grupo Razzini”, distribuidora de materiales de construcción en Rosario, e incluyó amenazas y disparos a la fachada de la empresa. Otros antecedentes incluyen el bloqueo de pymes como Lácteos Vidal por parte del sindicato de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra, también muy activa en los bloqueos y conflictos en Sancor). Luego sucedieron los bloqueos a pymes como Lácteos Mayol y Sparkling, una marca de aguas. Entre las grandes empresas están los bloqueos a Mercado Libre, por parte de Camioneros.
A raíz del bloqueo a la empresa familiar, Razzini armó, con la ayuda de la abogada Florencia Arietto, un grupo de WhatsApp de víctimas de bloqueos, para asesorarlos y compartir experiencias. Actualmente el MEAB es integrado por 208 empresas.
En una mirada más amplia, que abarca pero no se limita a los bloqueos, Gustavo Lazzari, economista y empresario ligado a la movida, subrayó a Infobae el riesgo de que la reforma macroeconómica en curso “se caiga por la micro, por lo que están haciendo los intendentes (en referencia a los aumentos generalizados de tasas municipales), los sindicatos (paros, bloqueos); noto mucha desazón abajo”.