Banco Nación presentó una demanda ante la Corte Suprema contra La Pampa por el aumento de impuestos

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de La Pampa, en respuesta a la reciente decisión del gobierno pampeano de incrementar significativamente la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre la actividad financiera, pasando del 7% al 15,47%. Este aumento impacta directamente en los créditos que la entidad financiera otorga en esa provincia. La acción judicial del Banco Nación ocurre en un contexto en el que el gobierno nacional también está implementando medidas para limitar la proliferación de tasas e impuestos a nivel provincial y municipal, una problemática que ha ganado relevancia en las últimas semanas.

La decisión de La Pampa fue formalizada a través del Decreto N°3609, que promulga la Ley Provincial N°3582, y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024. Esta ley incrementa la presión impositiva sobre las operaciones financieras, especialmente en los créditos que otorga el BNA en la región. Desde el Banco Nación se argumenta que este aumento es excesivo y que afectará negativamente a la economía local, especialmente en lo que respecta al financiamiento de las PyMEs y otros sectores productivos clave.

El presidente del BNA, Daniel Tillard, se expresó con firmeza sobre la situación. “Se analiza la posibilidad de avanzar con el cierre de la Gerencia Zonal La Pampa”, afirmó Tillard, en referencia a una potencial reducción de la presencia física de la entidad en esa provincia. No obstante, el ejecutivo aclaró que el banco está explorando alternativas para mitigar los efectos del incremento impositivo, especialmente en lo que respecta a la continuidad del crédito. “Vamos a realizar consultas con las entidades que representan a las PyMEs y los sectores productivos para sostener el crédito a través de otras alternativas”, agregó, subrayando la importancia de mantener las líneas de financiamiento abiertas a pesar del aumento de costos que implicará el nuevo esquema tributario.

El conflicto se enmarca en un contexto económico nacional donde el gobierno de Javier Milei ha puesto un fuerte énfasis en reducir la carga impositiva como una de las estrategias clave para combatir la inflación y promover el crecimiento económico. En este sentido, Tillard también hizo referencia a los objetivos macroeconómicos del gobierno nacional. “La promesa de inflación cero que impulsa el gobierno de nuestro Presidente Javier Milei viene acompañada de la expansión del crédito para PyMEs y familias”, destacó el presidente del BNA, en clara alusión a la necesidad de reducir la carga fiscal para fomentar el desarrollo económico.

El Banco Nación ve en este caso no solo un desafío local, sino también un riesgo de que otras provincias sigan el ejemplo de La Pampa. Fuentes oficiales del banco han señalado que la acción legal tiene un carácter preventivo para evitar que se generalicen aumentos similares en otras jurisdicciones, lo que podría afectar gravemente la operación bancaria en diferentes puntos del país. Hasta el momento, La Pampa es la única provincia que ha implementado un aumento tan significativo en las alícuotas que gravan las actividades financieras, lo que ha despertado preocupación tanto en el sector bancario como en los sectores productivos locales, particularmente por el impacto que esto podría tener en los costos del crédito.

La acción judicial del BNA se produce en un momento en el que el gobierno nacional también está avanzando en su lucha contra el incremento de tasas e impuestos a nivel provincial y municipal. Recientemente, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, anunció una resolución que prohibirá a provincias y municipios incluir tasas adicionales en las facturas de servicios públicos esenciales, como la electricidad y el gas. Esta medida, que será publicada en el Boletín Oficial, busca “transparentar” el desglose de costos en las facturas, de modo que los usuarios puedan distinguir claramente los cargos por el servicio contratado de aquellos impuestos locales que no están directamente relacionados con el mismo.

El ministro Caputo fue enfático al criticar lo que considera un abuso por parte de algunos municipios al agregar recargos a los servicios públicos, lo que, según él, encarece injustificadamente el costo de vida de los ciudadanos. “Las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado”, afirmó el ministro, agregando que muchas de estas tasas son “exorbitantes e irrazonables”. Además, Caputo destacó que los municipios y provincias han estado utilizando estas herramientas impositivas no solo con fines recaudatorios, sino también con motivaciones políticas, obstaculizando las políticas del gobierno central destinadas a reducir la inflación.

Este conflicto sobre las tasas municipales se derarroll en diversos sectores, incluidos los supermercados y bancos, quienes han denunciado en repetidas ocasiones el incremento de estas cargas. Tal es el caso del municipio de Lanús, que recientemente aumentó la Tasa de Seguridad e Higiene, afectando a grandes cadenas de supermercados. Estas medidas han sido recibidas con fuertes críticas desde el gobierno nacional, que ha lanzado una serie de iniciativas para frenar estas prácticas.