El Gobierno nacional sigue avanzando en su objetivo de privatizar parte de las empresas que hoy dependen del Estado. A través del decreto 764/2024, puso las piezas en el tablero para equipar a la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que se desempeña en el ámbito del Ministerio de Economía.
El objetivo del organismo es dirigir y coordinar todas las acciones en materia de desenvolvimiento de las empresas y sociedades, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a la modificación o transformación de su estructura jurídica, fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Según se informó en el decreto, la Agencia será conducida por un titular con rango y jerarquía de Secretario y un subtitular con rango y jerarquía de Subsecretario, ambos funcionarios fuera de nivel. Además, se crearon los puestos de Director Ejecutivo de Apoyo Legal, Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones, Director Ejecutivo de Pliegos y Contratos Especiales, Director Ejecutivo de Articulación Laboral y Director Ejecutivo de Apoyo Societario y Relaciones Contractuales, todos con rango de Director Nacional y remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0 ($3.085.430 brutos).
Todos estarán bajo la dirección de Diego Chaher, quien en junio pasado fue designado como nuevo secretario de Empresas y Sociedades del Estado, dentro de la Jefatura de Gabinete, luego de su tarea como interventor de la agencia estatal de noticias Télam.
Las funciones de la Agencia
Además de crear los nuevos cargos directivos, el Gobierno amplió de 14 a 26 las funciones de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La misma será, por ejemplo, la encargada de coordinar el seguimiento y la evaluación de los planes de acción y partidas presupuestarias extraordinarias de las empresas del Estado y tendrá que participar en la evaluación, implementación y seguimiento de los planes de acción y presupuestos de las compañías.
De acuerdo con el decreto, la Agencia tendrá que intervenir, en forma previa a su selección, en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de intervención, liquidación, cierre, privatización, venta total o parcial de paquete accionario, iniciativa privada, fusión, escisión, disolución, transformación y disposición estratégica de las participaciones y/o de los activos que integran las Empresas, Sociedades del Estado y aquellas Sociedades en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, analizando su factibilidad en el ámbito de su competencia.
También estará bajo su órbita la elaboración y aprobación de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y demás documentación contractual necesaria para llevar adelante los procedimientos de iniciativa privada y privatización y en la aprobación de los términos de los pliegos de disposición estratégica de las empresas.
Por otro lado, la Agencia deberá participar activamente en la designación de los integrantes de las comisiones de adjudicaciones que se conformen respecto de los procesos de privatizaciones y/o cualquier otra disposición estratégica de las empresas y sociedades del Gobierno.
Además, el organismo creado por el Estado será el encargado de implementar los mecanismos que garanticen la transparencia en los procedimientos de manifestación de interés para la elección de potenciales oferentes con experiencia y solvencia debidamente acreditada, en el ámbito de sus competencias.
Es importante recordar que las empreas que están en condiciones de privatizarse, luego de la aprobación de la Ley Bases, son ocho. Se trata de AYSA, Energía Argentina, Intercargo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Tras largas horas de debate en el Congreso, el Gobierno decidió dejar afuera de la lista a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino.