La advertencia del ministro de Economía, Luis Caputo, resonó fuerte en el microcine del Palacio de Hacienda cuando, tras anunciar el acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario, se le planteó la posibilidad de que no se apruebe en el Congreso el proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Gobierno. “En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”, respondió el funcionario.
Si bien el espíritu del proyecto apunta a reformar estructuralmente la economía basado en la desregulación, el texto contiene medidas económicas centrales para alcanzar los ambiciosos objetivos fiscales que se planteó el Gobierno este año. Por caso, el aumento de retenciones o el blanqueo impositivo. Ambas cuestiones están contempladas en los cálculos oficiales como nuevas fuentes de ingresos que complementarán la poda del gasto público para lograr los 2% del PBI de superávit primario. Desde esa perspectiva, lograr su aprobación será vital.
Pero el ajuste total es de 5% del PBI y se complementa con otras medidas que no deben pasar por el Congreso. De acuerdo a los cálculos del analista Fernando Marull, sólo el 40% de ese ajuste requiere de la Ley Ómnibus, lo que hace suponer que aún en el caso de que no se aprobaran la totalidad de las medidas de corte fiscal, Caputo tendría cierto margen de maniobra. Probablemente, como él mismo advirtió, con la implementación de recortes aún más duros.
“La Ley Ómnibus empieza a tener cambios previos a que ingrese a Diputados, aunque por ahora ninguno relevante en cuanto a la meta principal de alcanzar el superávit primario. El 40% del ajuste fiscal tiene que lograr el apoyo del Congreso; casi 1.8%PBI de los 5% PIB propuesto”, detalló el economista quien expresó su “optimismo” en ese frente.
Sin embargo, sí advirtió de riesgos en cuanto a la tolerancia social. Aunque la inflación menor a la esperada puede descomprimir un poco la tensión, las paritarias están convergiendo al 15% mensual promedio, pero recién en marzo si bajara la inflación empezaría a recuperar el salario real. “Puede haber tensiones adicionales entre febrero y abril con las subas de regulados de shock. Asimismo, a pesar de que se encuentra suspendida la reforma laboral del DNU, la CGT ratifica el paro general del 24 de enero”, sostuvo Marull.
También analizó la viabilidad de las metas comprometidas con el FMI, al menos las conocidas hasta ahora. Según su punteo, el objetivo fiscal de superávit primario de 2% del PBI “es cumplible con Ley Ómnibus”, lo mismo que el de recuperar USD 10.000 millones de reservas hacia fin de año.
Sin embargo, se aclaró, no hubo precisiones respecto al tipo de cambio oficial, ni al esquema de liquidación de divisas por el cual el 20% de las exportaciones pueden ingresar a través del contado con liquidación, y tampoco hubo referencias a las eventuales intervenciones del Banco Central en los diferentes mercados, tanto de divisas como de deuda.
En cualquier caso, el foco principal de ese acuerdo es el monto de los desembolsos. Quedó claro que el flujo de fondos para la Argentina será neutro hasta abril aunque, desde la consultora 1816, y en sintonía con cierta expectativa del mercado, suponen que “que la misión del Fondo se haya limitado a acordar la revisión del programa originalmente pactado con (Martín) Guzmán y modificado con (Sergio) Massa no quita la posibilidad de que en un futuro el FMI conceda financiamiento adicional”.
Eso fue, al menos, lo que destacó el ministro Caputo en la conferencia en la que anunció lo acordado hasta ahora.