La agenda económica del 2024: el Gobierno inicia un rápido ajuste del gasto y avanza con la quita de subsidios

“El 80% del ajuste lo podemos hacer sin depender de nadie”, repetían, en las últimas horas del 2023, en uno de los despachos principales del Ministerio de Economía. Esa otra parte, que no está atada a la voluntad del equipo económico, será sometida a la esgrima política del Congreso durante las sesiones extraordinarias este verano. Por lo pronto, en el Palacio de Hacienda hay ítems del gasto público que piensan empezar a tachar lo antes posible para preparar el terreno para un ajuste de 5,2% del PBI en el primer año de mandato de Javier Milei.

Los grandes números de la hoja de ruta del ministro Luis Caputo muestran que casi el 60% del ajuste fiscal que buscará para 2024 está explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

Otro casi 40% se sostiene por subas de impuestos, principalmente la del impuesto PAIS para las importaciones, un incremento generalizado de derechos de exportación, el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales, estos últimos tres como parte del megaproyecto de ley que se negociará en el Congreso.

Otro ajuste es el reformateo del tributo a los ingresos personales. Al respecto, en el equipo económico esperaron hasta último momento para tener el dato de inflación de diciembre lo más consolidado posible antes de enviar al parlamento el cambio de escalas para la nueva versión de Ganancias. Se espera, en ese sentido, que el texto de ley piso el Congreso en estos primeros días del 2024.

Con todo, ese 80% de ajuste (4,1% del PBI del 5,2% total) que no dependerá de otra cosa que de la decisión del Poder Ejecutivo se explica por la suba del impuesto PAIS (la única modificación tributaria que no requirió del parlamento), y los menores gastos en jubilaciones pensiones (0,4% del Producto), Transferencias a provincias (0,5%), subsidios económicos (0,7%), gasto en obra pública (0,7%), programas sociales como Potenciar Trabajo (0,4%), gastos de funcionamiento como salarios públicos (0,5 por ciento).

Ítem por ítem

Un informe de la Fundación Mediterránea, que hasta hace algunas semanas presidía Carlos Melconian, analizó cada ítem de recorte de gasto. La de jubilaciones, interpreta, “puede tratarse de un nuevo año de caída en los haberes reales de los jubilados (ya casi perdieron 50% en una década) o el no pago durante 2024 de bonos adicionales a los jubilados que cobran la mínima”. En enero y febrero, al menos, serán abonados. Si se aprobara la ley ómnibus, el Gobierno apuntaría a una suerte de indexación con subas mensuales.

En lo que respecta a la obra pública, el 0,7% que le corresponde “implicaría recortar alrededor de un 50% de la inversión pública nacional y de las transferencias con ese destino que se hacen a provincias”. En tanto, afirmó la Fundación Mediterránea, “el ahorro fiscal de 0,4% del PIB previsto en programas sociales con intermediarios, supone congelar los pagos en 2024 al nivel que tienen a finales de 2023. Apunta principalmente al programa Potenciar Trabajo, que cuenta con 1.250.000 beneficiarios, cuando eran alrededor de 200.000 en 2015″.

Dos últimos renglores del gasto son las transferencias a provincias. “Dado que Buenos Aires participa con alrededor del 50% de dichas transferencias discrecionales, supondrá un fuerte impacto especialmente para esa provincia”, analizó ese centro de estudios con sede en Córdoba.

Y por último, la poda en funcionamiento del Estado, lo que Mediterránea interpretó como “el gasto político”. “A este respecto, se requiere explicitar en mayor medida cuál será el ahorro en este tipo de erogaciones, si se pretende que la población acepte un ajuste fiscal de la magnitud anunciada”, mencionó.

Quita de subsidios

Con todo, en los primeros días de enero tendrá lugar la primera etapa de quita de subsidios. En primer lugar, por la vía del transporte público, que tendrá un tarifario nuevo desde esta semana pero que tendrá incrementos más marcados a lo largo del verano, en medio de una situación crítica entre las empresas de colectivos.

El próximo lunes, en tanto, será el turno de la audiencia pública para establecer un nuevo precio al consumidor para el gas. Las empresas de distribución de gas plantearon al Gobierno que necesitarán una recomposición de tarifas desde febrero de al menos el 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras incluso mayores en el interior del país.

La situación de atraso tarifario fue expuesta en números en un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “en diciembre los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural pagan en promedio el 33% del costo de abastecimiento mientras en restante 67% lo abona el Estado nacional”.

“El déficit cero lo vamos a cumplir pase lo que pase. No podés bajar impuestos si no hay superávit”, mencionaba sobre el cierre del año uno de los funcionarios con mayor injerencia en las decisiones de gobierno.

En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que en términos de inflación y poder de compra de los ingresos los meses de verano serán “muy difíciles”. Estimaciones privadas ya hablan de una caída real en las jubilaciones mínimas entre noviembre pasado y enero de 21% por el efecto de la aceleración de precios de diciembre, como la que midió PxQ. Por eso en el Ejecutivo exploran alguna medida, al menos simbólica, en medio de ese proceso, y en algunos despachos estudian un congelamiento de los salarios de los altos mandos de la administración pública nacional.