Un primer paso en la secuencia que piensa Javier Milei para su plan económico apenas llegue a la presidencia está relacionado con dar un mensaje de “shock” fiscal que lleve a las cuentas públicas a equilibrio en el primer año de gobierno, para lo que necesitará hacer podas en áreas críticas del gasto público. Una de ellas, que despertó las principales preocupaciones en el equipo del próximo ministro de Economía Luis Caputo, es la cuenta de subsidios.
Sobre ese punto versó parte de las dos reuniones de “transición presupuestaria” que tuvieron lugar en las últimas horas en el Palacio de Hacienda. Fueron dos encuentros breves, por espacio de media hora, entre dos enviados de Caputo -los economistas de Anker Martín Vauthier y Felipe Berón- y el secretario de Hacienda Raúl Rigo, uno de los funcionarios a los que Sergio Massa le encomendó encabezar el traspaso de mando en el ministerio.
El equipo de Caputo solicitó información sobre la situación fiscal de las cuentas públicas en esta última recta final del año para tener un panorama sobre qué estado se encontrarán los nuevos funcionarios desde la semana que viene cuando ocupen sus despachos. No hubo mayores precisiones sobre cómo piensa LLA llevar adelante el fuerte ajuste fiscal que se prevé para 2024, aunque desde esa fuerza anticiparon que podrían prorrogar el presupuesto actual en lugar de tratar uno nuevo.
Hubo algunas preocupaciones principales que plantearon desde el equipo económico del gobierno electo. Uno de ellos, qué tan abultada quedará la cuenta de subsidios cuando termine el año. Según estimaciones privadas, quedará bien por arriba de los 2 puntos porcentuales del Producto Bruto. Como referencia, la poda general que planea Milei es de 5 puntos del PBI.
De acuerdo al economista especializado en temas de energía, Julián Rojo, la cuenta final será de 2,4% del Producto Bruto, explicado por 1,8% de energía (gas y luz) y 0,6% de transporte. Asoma, precisamente, las subvenciones a tarifas como un elemento de poda a mano que tendrá el próximo gobierno, aunque Milei anticipó que no lo hará de manera total “hasta que no se recuperen los salarios” y planteó que habría un esquema de reducción impositiva para que el impacto en las boletas no sea tan considerable.
Esa última foto de los subsidios también mostrará, además, que acumulado a noviembre, los subsidios reales cayeron 17,5% anual, lo que se explica por una reducción real en transporte del 7,4% anual, en energía del 19,9% anual y en agua del 40,6%, según estimaciones del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP que pertenece a la UBA. La misma fuente estimó que con datos a octubre, “el atraso tarifario en las facturas eléctricas del AMBA es de 67% para los N1 (ingresos altos), 407% para los N2 (ingresos bajos), y 299% para los N 3 (ingresos medios)”.
Uno de las líneas del gasto que suele ser mirada con especial atención a lo largo del año, y en particular sobre el final es el de las transferencias a Cammesa, la administradora mayorista de la energía eléctrica. A lo largo del 2023 recibió por parte del Tesoro casi 1,4 billones de pesos, una caída en términos reales de casi 40 por ciento según ese observatorio. En las próximas semanas el Estado aún debe girar a esa compañía unos $300.000 millones más, que podrían quedar para la nueva administración.
Estimaciones del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres) marcaron que para el sector energético “la deuda flotante del ejercicio 2023 alcanzó los $187.452 millones en el acumulado enero-noviembre, luego de haber alcanzado un mínimo de $4.377 millones en julio. $110.500 millones corresponden a Enarsa, $31.183 al Plan Gas, $31.442 a Cammesa, $9.203 al Plan Hogar con garrafa y $5.050 a Río Turbio”.
“En octubre, la cobertura del costo por medio de la tarifa eléctrica alcanzó a 60%, 9 puntos menos que octubre 2022. La devaluación de agosto encareció los costos y no se incrementaron las tarifas. El costo monómico aumentó 130,8% interanual y el precio estacional 100,2% interanual”, concluyeron desde Geres.
Con todo, ese tipo de pagos como el de Cammesa, que deberían ser operados rápidamente apenas tenga lugar el cambio de gobierno, formaron parte de las consultas y dudas sobre las que repiquetearon los hombres de Caputo en su paso por el Palacio de Hacienda. Es lo que durante la reunión fueron planteados como “gastos ocultos”, una interpretación que rechazan en el equipo económico actual. En ese amplio concepto pueden entrar también, por ejemplo, los pagos que quedan pendientes de obras públicas en ejecución hasta fin de año. Según fuentes oficiales, falta hasta fin de año pagar un 2% del presupuesto vigente, es decir unos $20.000 millones.
Los pagos atrasados que heredará el gobierno de La Libertad Avanza también están en la carpeta de temas a atender. El Ministerio de Economía publica de manera mensual, abierta, la evolución de ese ítem. El último dato disponible de pagos atrasados del gobierno nacional suma 1,9 billones de pesos, según el último dato difundido por la Tesorería General de la Nación, con información hasta fines de octubre. Implica una estabilidad respecto a lo que registraba en septiembre, tras varios meses de marcado incremento.
De ese total, lo que corresponde a deudas de 2023 es la enorme mayoría, con 1,8 billones. En el Ministerio de Economía admiten que sobre el cierre del año podría volver a mostrar un aumento, pero que no excedería las metas planteadas con el Fondo Monetario en esta materia.
La deuda flotante forma parte de las metas consideradas de segundo orden de importancia en el programa -como la del piso de gasto social o el tope de intervención en el mercado de futuros- pero el Fondo Monetario le asigna un lugar especial a esa cifra. La cifra techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo fue redefinido en el último informe y pasó a ser, así, de $1,36 billones. Esos $1,9 billones de octubre, de todas formas, no son comparables linealmente con los 1,36 billones ya que la forma de calcularlo es a través de promedios semanales a lo largo de cada trimestre.