A través de una ampliación de la denuncia penal presentada contra el directorio de Edesur, el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) pidió una medida cautelar de prohibición de salida del país contra todos los directivos acusados. El escrito, firmado por el interventor del ENRE, Walter Martello, y el abogado Miguel Priolo, solicita la restricción para una serie de ejecutivos “a los fines de evitar que los mismos se sustraigan de comparecer a derecho en la presente investigación”.
En la ampliación de la denuncia se justifican las decisiones tomadas por el ENRE haciendo mención de la Resolución 307/2023, a través de la cual se dispuso la intervención provisoria de Edesur S.A. en función de una serie de argumentos planteados en dicha normativa.
En el texto, Martello plantea que se ha evidenciado que, con motivo de los sucesos ocurridos el día 10 de febrero de 2023, han quedado fuera del servicio alrededor de 180 mil personas usuarias, produciéndose, en los días posteriores, eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro de luz en el área de concesión de la distribuidora.
Asimismo, señala que el ENRE ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes y la información brindada por la distribuidora al organismo regulador. ”La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud, los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, agrega la ampliación de denuncia presentada por el organismo.
La enumeración de faltas continúa durante varias páginas y concluye que las instalaciones que pertenecen al área de concesión de Edesur “no están siendo reparadas al ritmo de las necesidades del servicio público” y sostiene que, si la demanda es transferida a otras instalaciones, ante picos de demanda, se sobrecargan y salen de servicio.
A qué se debe la prohibición
Más allá de los argumentos mencionados anteriormente, que enmarcan los motivos por los cuales se decidió la intervención de Edesur por un plazo de 180 días, la ampliación de la denuncia justifica por qué se debe restringir la salida del país de los miembros del directorio de la distribuidora eléctrica.
“La traba de esta medida cautelar responde a cuestiones de raigambre constitucional y legal y en vista de evitar la impunidad de un hecho injusto donde los afectados fueron miles de personas que se vieron y muchos de ellos al día de hoy se ven impedidos de poder hacer uso de la energía eléctrica que debería haber brindado sin ningún tipo de impedimento la empresa concesionaria Edesur”, indica Martello en el escrito.
“Se dirá que todavía no han sido imputados o indagados pero también se podrá decir que algunos de ellos no son ciudadanos argentinos y sí ciudadanos italianos y que el resto de los miembros de la sociedad son personas de alto poder adquisitivo que tienen todos los elementos y posibilidades a su alcance para poder irse del país y sustraerse del alcance de la justicia y de estar a derecho como así corresponde ante la apertura de una investigación judicial”, agrega.
“Digamos que la medida de aseguramiento preventivo que aquí se trata se endereza a lo dispuesto en el art.23 del CP (Código Penal), una medida cautelar que prevé obstaculizar cualquier intento de un individuo para lograr la impunidad, resultando ser una medida razonable tendiente a procurar la sujeción del sujeto al proceso judicial y evitar el riesgo de que en este caso los denunciados puedan frustrar el accionar de la justicia, ausentándose del país”, apunta el interventor del ENRE.
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