En octubre la canasta básica para los jubilados alcanzó los $151.478 -incluyendo los gastos en vivienda- según la medición que realiza en forma semestral la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. El monto es el doble del que se había registrado en la medición de octubre del año pasado, cuando la canasta tenía un valor de $75.505.
Los ítems incluidos en la canasta son: el alquiler de una vivienda ($49.374); medicamentos e insumos de salud ($25.013); limpieza ($12.849); alimentos ($29.912); servicios ($10.670); recreación ($5.960); vestimenta ($9.700); transporte ($8.000).
“Los nuevos datos de la Canasta Básica de los Jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector. Una canasta básica de $151.478 en un contexto en el que 6 millones de jubilados cobran una mínima de $43.000 y en el que el resto recibe un haber promedio de $65.000. Mientras que la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) es de $ 34.642″, detalló Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.
“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. En un contexto en el que hacen falta más de tres jubilaciones mínimas para cubrir una canasta básica, el anuncio de un bono de $7000 es insultante”, agregó Semino.
“Sobre la inflación del nivel general, la canasta está algunos puntos arriba. Lo que hay un atraso cada vez más significativo es del haber que perciben los jubilados. Entre abril y octubre, el índice de inflación de la canasta estuvo en el 51% y, en lo que va del año, los reajustes a jubilados fueron del 49% en el acumulado. Y con eso los jubilados tiene que llegar a diciembre, cuando haya un nuevo reajuste por ley”, agregó el defensor.
De acuerdo a los cálculos hechos por la defensoría, los jubilados podrían llegar a un reajuste anual de algo más del 60% pero con una inflación que se estima que va a superar el 90%.
Según un informe de la Fundación Mediterránea, en los últimos cinco años, transcurrieron 19 trimestres de actualización de haberes, en los cuales se otorgaron aumentos previsionales por Ley de movilidad o por decreto. No obstante, solo en cuatro ocasiones los haberes le ganaron a la inflación y en otros dos la igualaron. Es decir, el 70% de las veces los ingresos de los jubilados fueron inferiores a la evolución del nivel general de precios, según el informe.
En particular, entre diciembre 2019 y diciembre 2022 (si se supone que el año acabe acumulando una suba de precios equivalente al 95%) la variación de IPC podría ser del 300%, equivale a multiplicar por 4 los precios observados a fines de 2019, momento en que el Gobierno suspendió la fórmula de movilidad previsional por entonces vigente. Desde entonces, las jubilaciones nominales en el mismo periodo se han ajustado un 257%.
A diciembre 2021, la Anses liquidó más de 8,3 millones de jubilaciones y pensiones. El 80% de ellas correspondió a las prestaciones del sistema contributivo, es decir las jubilaciones a las que acceden las personas al alcanzar la edad de retiro del mercado de trabajo -y que incluye los retiros por invalidez- y pensiones por fallecimiento.
El 20% restante corresponde al sistema no contributivo, integrado por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), por Invalidez (incluidas las correspondientes a personas trasplantadas) y otras pensiones como las destinadas a madres de siete o más hijos, ex combatientes de Malvinas, entre otras.
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