Con controles ruteros, reforzamiento de las inspecciones en centros de veraneo, en actividades de comercialización agrícola y otras ligadas al turismo y la gastronomía y en lugares seleccionados como Puerto Madero y Nordelta, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició en el verano el apretón fiscal por vía de una mejor “administración tributaria” que Economía le prometió al FMI en los documentos del acuerdo difundidos el pasado viernes.
La AFIP informó que en los últimos dos meses realizó controles y fiscalizaciones en restaurantes, bares, balnearios, hoteles, eventos masivos y empresas de alquileres de propiedades ubicadas en los principales destinos turísticos del país y que en ese período inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) realizaron más de 9700 fiscalizaciones “a contribuyentes con elevada capacidad contributiva que permitieron desarticular y sancionar maniobras de evasión y situaciones de precarización laboral”.
El accionar del organismo recaudador incluyó el despliegue de “espacios móviles de atención” en ciudades como Mar del Plata, Bariloche y Mendoza, donde –señaló- “más de 2500 personas canalizaron trámites y consultas sin turno previo”.
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Más de 200 inspectores de la DGI hicieron control de facturación en balnearios y espacios gastronómicos de la Costa Atlántica y centros turísticos de CABA, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Misiones y Chaco, entre otras provincias.
“Las fiscalizaciones presenciales permitieron detectar diferencias de hasta 150% entre ventas observadas y declaradas. Las principales irregularidades se identificaron en restaurantes, cervecerías y bares. No obstante, los controles permitieron desarticular maniobras abusivas en balnearios, hoteles, alojamientos de lujo, empresas de alquileres de propiedades, eventos masivos y empresas de turismo con elevada capacidad contributiva”, comunicó el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont.
También hubo controles sobre supermercados y distribuidoras de alimentos y bebidas. Las fiscalizaciones presenciales se complementaron con controles virtuales de ventas sobre sectores de alta relevancia económica y abordaron abusos e incumplimientos laborales, como el empleo en negro. Al respecto, la AFIP señaló que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP identificó irregularidades previsionales en el 32% de los casos relevados y que el grado de incumplimientos laborales llegó hasta el 80% en el rubro gastronómico. Y agregó que en los 109 balnearios de la Costa Atlántica fiscalizados se detectaron irregularidades en el 22% de los trabajadores y trabajadoras fiscalizados.
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Otros sectores
El rastrillaje abarcó también a contribuyentes del sector de la construcción, la agricultura (fruta fina, hortalizas y cosecha fina) y la red de operadores turísticos. En esos procedimientos, dijo la AFIP, “se detectaron contribuyentes inscriptos recientemente que carecían de capacidad económica o financiera, desvíos en los montos facturados en coincidencia con recurrentes saldos a favor de IVA, empleadores cuya nómina de trabajadoras y trabajadores no guarda relación con la actividad económica, contribuyentes con operaciones no bancarizadas”.
La ofensiva fiscal también alcanzó a Nordelta, donde se realizaron controles e inducciones en más de 216 locales comerciales incluidos restaurantes, bares, guarderías náuticas y locales comerciales. Solo en el sector gastronómico, precisó la agencia fiscal, “se constató un 70% de irregularidades tributarias con diferencias de hasta 150% entre ventas observadas y declaradas, mientras que durante un relevamiento de personal se detectó un 50% de evasión previsional”.
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En Puerto Madero se relevaron 150 locales gastronómicos en los que se observaron diferencias de hasta un 200% entre las ventas observadas y declaradas, sumadas a un 25% de informalidad laboral.
Otro objetivo de las huestes de Marcó del Pont fue el movimiento de granos y productos agrícolas, que permitió desarticular –dijo la AFIP- “la comercialización abusiva sin avales correspondientes de más de 4.710 toneladas de granos en Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza”. Esto es el equivalente “a más de 158 camiones con acoplado” y los productos más usualmente identificados en las infracciones fueron soja, trigo, maíz, maíz partido y en menor medida azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero. Entre septiembre de 2021 y febrero de 2022 fueron interdictas más de 35.500 toneladas de granos. Así puestas, las cifras impresionan, pero no llegan al 0,03% de la cosecha argentina, que moviliza cerca de un millón de viajes de camión.
En el acuerdo con el Fondo, el Gobierno precisó que “en estrecha coordinación con los gobiernos provinciales” hará este año un revalúo inmobiliario que –estimó- alcanzaría a 400.000 contribuyentes, o cerca de 597,000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”.
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Además, en materia de administración tributaria, el acuerdo incluye “un plan de acción detallado y sujeto a plazos, que se centrará en detectar brechas de cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los principales impuestos internos y derechos aduaneros”- Según Economía, el producto de esas reformas podría dar un rendimiento fiscal de hasta “1% del PIB a mediano plazo” y del 0,3% en 2023.
A juzgar por las cifras del rastrillaje estival, parecen metas un tanto exageradas.
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