Una amplia mayoría de empresas —el 92,54%— aseguraron que el marco impositivo de la Argentina afecta sus planes de inversión. Esto significa decidir directamente desinvertir (46,27%) o no encarar nuevas decisiones de inversión (46,27%). Sólo un 7,46% manifestó haber desarrollado en 2021 algún plan de expansión en términos de inversión.
Los datos surgen de la encuesta “Impuestos en la Argentina”, realizada por KPMG en enero de 2022, y que relevó la opinión acerca del impacto del sistema impositivo argentino en los negocios entre 70 directores financieros (Chief Financial Officer) y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de primera línea radicadas en el país. Sin embargo, el 75,24% ratificó su intención de mantener la inversión en el país.
Para el 65,67% de los consultados el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el impuesto que más encarece los precios y servicios de las empresas. Esta opinión ya se había manifestando en los mismos porcentajes desde la encuesta del año pasado como consecuencia de la suspensión de los beneficios del Consenso Fiscal firmado en 2017.
Otra conclusión es que se observa un significativo escepticismo en cuanto a que puedan reanudarse las rebajas impositivas planteadas en aquel consenso. “De las respuestas que surgen año a año se desprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal que haga foco en la productividad y en el desarrollo sustentable sin apuntar a una readecuación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, señaló Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.
Además, el 81% prevé una mayor presión fiscal en 2022. “El agravamiento que se prevé en materia de presión tributaria para 2022 sumado al elevado porcentaje de encuestados que señalaron que ya en 2021 la presión fiscal los había llevado a una situación desinversión, es una señal de alerta para las autoridades económicas”, advirtieron desde KPMG.
La provincia de Buenos Aires fue elegida la provincia de más alta carga fiscal afectando fuerte la determinación de los precios de productos y servicios. Le siguieron la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Misiones.
Con todo, el 70% de las empresas afirmó no haber restringido aún operaciones de ventas de bienes o prestaciones de servicios a pesar de la alta presión fiscal de algunas provincias. “De todas maneras, no deja de ser significativo que un 30% manifieste haberlo hecho. Tucumán, Misiones y Salta encabezan el ranking de jurisdicciones que por su presión fiscal terminan incidiendo en alguna medida en una oferta más restringida de bienes y servicios a la que acceden sus residentes”, señaló el informe de KPMG.
El 98,49% no considera que las provincias tengan mayor interés en atraer inversiones productivas a sus territorios con incentivos impositivos. Entre quienes advierten algún esfuerzo señalan a Córdoba como la jurisdicción que ofrece algún tipo de incentivo.
Por otro lado, el 83,58% de las empresas dijo tener saldos a favor de impuestos provinciales entre $10 millones y $50 millones. La generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es normalmente muy perjudicial. “La multiplicidad de regímenes de recaudación provinciales sobre transacciones, exacerbados por los regímenes que recaudan sobre acreditaciones bancarias constituye una de las principales problemáticas del régimen tributario argentino”, destacaron desde KPMG.
Por último, el 77,61% de los encuestados afirmó que no son efectivas ni suficientes las medidas impositivas de incentivo nacionales y provinciales para el desarrollo de la actividad industrial; el 85,07% para la inclusión financiera, y 73,13% para la actividad exportadora. En cambio, fue mayormente positiva (56,72%) la mirada sobre los incentivos para industria del conocimiento.
El relevamiento también consultó las opiniones sobre la objetividad de los organismos fiscales o tribunales administrativos o judiciales con sando calificaciones del 1 (la más baja) al 10 (la más alta). Los resultados fueron: AFIP (5,06); AGIP (5,12); ARBA (4); TFN (5,21); Justicia Provincial (4,02).
“Las opiniones acerca de la objetividad de la AFIP y sus funcionarios, muestran una evolución positiva y gradual. En 2018 fue de 4,14; en 2019 de 4,44; en 2020 de 4,64 y en 2021 de 5,06. En cuanto a la objetividad de la AGIP (Rentas de la Ciudad de Buenos Aires) se mantuvo desde el año pasado en un rango intermedio de 5,12 mientras que en el caso de ARBA (Rentas de Provincia de Buenos Aires) la apreciación de objetividad por parte de las empresas continúa siendo baja con una calificación de 4″, detalló el informe.
La Corte Suprema, frente a su accionar en materia impositiva, fue calificada con la ponderación más alta (5,52). Con relación a la opinión sobre la Justicia Provincial en materia impositiva la consideración sobre objetividad baja a 4,02.
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