La política del Banco Central de mantener tasas de interés fuertemente negativas, es decir muy debajo de la inflación, se va acercando a su límite. La decisión de aumentar el ritmo de ajuste del dólar oficial requerirá tarde o temprano de rendimientos en pesos más altos para no frenar la liquidación de los exportadores. Por otro lado, los elevados niveles de inflación también jaquean la política de bajas tasas reales: un plazo fijo en pesos paga el 37% nominal anual contra una inflación superior al 50%.
El dólar oficial pasó de subir a un ritmo de 1% mensual a una tasa en las primeras jornadas de diciembre más cercana al 2,6%, es decir más del doble de lo que venía aumentando. Fue casi en paralelo con el anuncio que realizó el propio titular del Central ante industriales la semana pasada, cuando sugirió que se acercaba el momento de una revisión del esquema cambiario.
La suba de tasas es una medida que, en realidad, comienzan a tomar los bancos central de casi todos los países en un contexto de repunte inflacionario, provocado por la emisión monetaria para sacar a las economías de la recesión generada por la pandemia.
En Brasil, por ejemplo, la tasa de referencia subió 1,5 puntos porcentuales esta semana y ya se ubica arriba del 9%. La proyección es que podría llegar al 11,5% en los primeros meses del año próximo. Incluso la Reserva Federal norteamericana tiene previsto comenzar a subir las tasas de corto plazo para bajar la inflación, que se ubicó arriba del 6% anual. La excepción fue Turquía, que definió una baja de tasas a pesar del aumento de las presiones inflacionarias y precipitó una devaluación de su moneda ante el aumento de la desconfianza de los mercados.
La política de tasas del Central se mantuvo inalterada durante todo el 2021, a pesar de la caída de las reservas, la suba de la inflación y el aumento de la brecha cambiaria. Ninguno de estos datos fue suficiente como para conmover la política monetaria. La tasa de Leliq se mantuvo en 38% anual, mientras que para plazos fijos el piso de rendimientos se mantuvo en 37%, lo que representa una tasa efectiva de casi el 44% (si se reinvirtieran los intereses de manera mensual a lo lago de todo el año).
“Bajo el actual esquema de tasas, el tipo de cambio oficial tiene poco margen para seguir acelerándose”, aseguró la consultora Equilibra en su último informe. A partir de esta aseveración, calcula que la tasa efectiva anual pasaría de 44% al 48% en enero, para luego acomodarse a niveles similares a la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial, que oscila entre 52% y 55%.
En otras palabras, la ineludible necesidad de ajustar el tipo de cambio oficial debe ir de la mano de una suba de tasas. La explicación es sencilla: las cerealeras tendrán incentivo para liquidar si los rendimientos en pesos superan el ajuste del dólar. En caso contrario, no tendría mucho sentido apurarse a vender dólares si luego la tasa en pesos no ofrece el atractivo correspondiente.
El incentivo de tasa para el ahorrista es menos urgente, en la medida que el dólar libre se mantenga relativamente estable, en niveles de $ 200. De todas formas, el Gobierno saca provecho del cepo cambiario para mantener las tasas artificialmente bajas, sin que importe demasiado la evolución del dólar ni la suba de la inflación. La explicación es que el cepo cambiario mantiene pesos “cautivos” y en muchos casos con escasa posibilidad de dolarización.
Acelerar el ritmo de devaluación sin ofrecer un incentivo de tasas en pesos podría resultar extremadamente peligroso. Fue la política que inicialmente siguió Juan Carlos Fábrega en el Banco Central a fines de 2013. La historia ya es conocida: a fines de enero de 2014 no quedó otro remedio que aceptar una devaluación que llevó el tipo de cambio de $ 6,50 a $ 8. Se trata del escenario menos deseado por el titular del BCRA, Miguel Pesce, que considera que un ajuste de estas características iría directamente a precios sin beneficio alguno para mejorar los niveles de competitividad.
Por otra parte, otra de las incógnitas es hasta qué punto un aumento de tasas puede afectar a las empresas y en general al circuito productivo. Sin dudas tendría un efecto recesivo, aunque al mismo tiempo los bancos están obligados a prestar a tasas subsidiadas para el sector productivo, lo que parcialmente compensaría aquel efecto negativo.
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