“Habíamos oído que en Jujuy no se respetaban los derechos humanos, pero creíamos que era cosa del pasado”, aseguró Sebastián Sosa, presidente de Re/Max Argentina, al referirse a la detención de un operador de la franquicia inmobiliaria en esa provincia.
Sosa comunicó el abuso y violación al estado de derecho sufrido por el agente inmobiliario y todos los integrantes de la oficina local, a raíz de las acciones judiciales que se desencadenaron por la publicación de un aviso inmobiliario sobre el cual se inició un reclamo por parte de comunidades originarias. Desde la empresa destacaron que el tomar conocimiento de las particularidades de dichas tierras, se procedió a la inmediata cancelación de esa oferta el día 11 de agosto. Sin embargo, en el día de ayer el agente inmobiliario fue preso y se allanó el domicilio de más de 17 personas que pertenecen a la red.
El presidente de Re/Max Argentina dijo que “se acusó falsamente al agente inmobiliario y a todos los integrantes de la inmobiliaria adherida a Re/Max llevando al fiscal de Humahuaca, Fernando Enrique Alancay, a cometer el atropello antijurídico de ordenar la detención y privación de la libertad del señor Jorge Villar por ser el número de contacto del aviso, publicado previo a revisar la documentación relativa a la titularidad registral de las tierras presentadas por el vendedor, cometiendo un claro atropello a los derechos humanos más elementales protegidos por nuestra Constitución: ejercer libremente el comercio, gozar de libertad física y presunción de inocencia”.
“Cuando ayer, viernes 20 de agosto por la tarde, detuvieron y privaron de su libertad a un agente inmobiliario por hacer su trabajo, no lo podíamos creer”, destacó Sosa. Además, agregó que la esposa del profesional les transmitió “la angustia y la desolación de toda la familia, que remite a violaciones a derechos humanos que el pueblo de Jujuy nunca más quiere permitir”.
Extremo
“Jamás imaginamos el extremo al que podían llegar en su persecución los Colegios de Martilleros, en una disputa comercial por el ejercicio de la profesión inmobiliaria, con mecanismos impensados para un país democrático y republicano”, dijo el titular de la red de franquicias.
Sobre el reclamo en esas tierras por parte de las comunidades de Huacalera, Sosa afirmó: “Tengo un profundo amor por la Argentina, por eso elegí invertir y emprender en el país, respeto el reclamo de las comunidades originarias que defienden su historia y su legado, que amerita ser resuelto por las autoridades pertinentes”.
Desde la empresa hacen hincapié en que el Estado cuenta con organismos e instituciones que analizan, definen y registran los derechos de dominio de las propiedades, y particularmente para estos casos que involucran reclamos de comunidades originarias. “Entonces, ¿cómo se explica el accionar de la justicia de Jujuy? ¿Cómo es posible que la consecuencia de la publicación de una propiedad, sobre la que se tenía la documentación respaldatoria, y que fue presentada al Fiscal oportunamente, sea privar de la libertad y violentar el principio de inocencia de un equipo inmobiliario?”, se preguntaron.
La cuestión de fondo, según Sosa, es “una persecución a un modelo de negocio. Estamos constituyendo empresas argentinas que brindan servicios por argentinos y para los ciudadanos de cada una de las ciudades en las que estamos presentes. Este crecimiento y preferencia de los clientes molesta a actores que pretenden ser los dueños del sector, como sucede con los Colegios de Martilleros”.
“Esta persecución por parte de los Colegios de Martilleros que buscan, de manera extrema, perjudicarnos ha cruzado un límite impensado. Hemos siempre guardado silencio, e intentamos entender que uno puede tener rechazo o miedo a lo que es diferente y moderno. Estas disputas comerciales tienen un ámbito de discusión y resolución en la Justicia, jamás pensamos que la persecución ideológica pudiera llevar a estos extremos de abuso y atropello a derechos humanos esenciales”, agregó
El conflicto de fondo
En una reciente entrevista con Infobae, Sosa ya había asegurado que a pesar de la disputa legal y la polémica que mantiene con cámaras y colegios del sector inmobiliario, Re/Max no se irá del país pues “desarrolla el negocio legítimamente desde hace más de 16 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado”.
El conflicto se inició hace poco más de un año, con un reclamo judicial del sector inmobiliario tradicional, que asegura que la empresa no puede funcionar en el país ya que no prestan servicios acordes a la actividad colegiada. La denuncia la hizo el Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba) ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que regula y controla a las sociedades comerciales. Cucicba acusa a Re/Max de hacer un “ejercicio ilícito” de la actividad y rechaza su modelo comercial de franquicias.
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