En las próximas semanas el Gobierno deberá determinar cuánto será el reajuste de la movilidad jubilatoria que comenzará a pagarse desde septiembre y hasta diciembre, en lo que será el tercer aumento del año. De todas formas, como el Poder Ejecutivo otorgó un bono extraordinario de $5.000 en agosto, la suba el mes próximo debería ser mucho mayor al que se prevé para que, en septiembre, los jubilados de la mínima no terminen por cobrar menos que este mes.
La fórmula que modificó el Gobierno de Alberto Fernández, a instancias de la aprobación legislativa, para ajustar las jubilaciones de forma trimestral toma en consideración, por un lado, la variación en los 3 meses previos a su vigencia de la Remuneración Imponible Promedio del Trabajado Estable (Ripte), un dato que publica el Ministerio de Trabajo, o del Índice de Salarios que elabora el Indec -el que sea mayor- y, por otro, la variación de la recaudación previsional por beneficiario, un dato que informa la Anses.
Si bien esas variables correspondiente a junio aún no fueron publicados, algunos expertos y abogados previsionales ya estimaron el rango de reajuste probable. El incremento que determine el Gobierno tendrá un impacto en los ingresos de 5,3 millones de jubilados, 3,1 millones de pensionados y también sobre los que perciben otros 13,5 millones de personas que habitan en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.
El primer aumento del año, en marzo fue de 8,07%, mientras que el segundo redondeó 12,12%. Además, en abril y mayo se otorgaron dos pagos extraordinarios de hasta $1.500 para los jubilados de más bajos ingresos (de hasta $30.856). Según explicó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) esas subas “no lograron compensar los efectos de la inflación y el poder de compra de los jubilados que cobran el haber mínimo registró una caída real de 13,6% interanual”.
En ese sentido, recordó la OPC que “durante el año pasado la ley de movilidad estuvo suspendida y las prestaciones se ajustaron por decreto, arrojando subas nominales de entre el 24,3% (haber máximo) y 35,3% (haber mínimo). En el primer semestre de 2020 los jubilados y pensionados de más bajos ingresos se vieron favorecidos por el otorgamiento de dos bonos de $5.000 y $3.000 en los meses de enero y marzo”.
El próximo aumento
Según estimaciones preliminares realizadas por expertos en materia jubilatoria y previsional, el reajuste que tendrá lugar en septiembre debería ser de entre 12% y 13%, siguiendo los parámetros de la movilidad que rige por ley. De todas formas, este incremento podría implicar que los jubilados de la mínima reciban, en la práctica, un haber menor al que percibieron en agosto.
Esto sucede por que este mes el Gobierno decidió pagar un bono extraordinario de $5.000, por lo que la jubilación mínima efectiva fue de $28.064. En septiembre, solo un incremento de 21,7% en la movilidad jubilatoria respecto del nivel fijado para junio podría impedir una baja del ingreso de bolsillo.
El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino no descarta que Anses determine el pago de un bono de esas características similares a las de agosto, pero consideró que el pago permanente de bonos “es una distorsión total del sistema y de la propia movilidad, que se hizo para supuestamente recomponer el haber y ganarle a la inflación y sigue mostrando que no ha servido”, dijo en diálogo con Infobae.
La abogada Andrea Falcone, por su parte, coincidió con la crítica y dijo a este medio que si el Gobierno tiene “que dar bonos, eso habla de una imprevisibilidad. Depende de que el Gobierno decida pagar o no un bono, que diga de cuánto dinero va a ser y a cuántos va a alcanzar. La ley no es buena. La constitución dice que las jubilaciones y pensiones son móviles y que tienen que poder conservar el poder de compra con el tiempo”, mencionó.
La directora de Anses, Fernanda Raverta, no descartó recientemente otorgar más bonos a los jubilados en los próximos meses. “Estamos con mucha expectativa esperando la actualización de jubilaciones de septiembre. La expectativa es que la fórmula de movilidad le gane a la inflación. Cuando no pasó el Presidente decidió un bono”, dijo en declaraciones radiales.
Según estimó Eugenio Semino, desde que se aplica la movilidad trimestral este año las jubilaciones vienen perdiendo la carrera contra la inflación, ya que tras los incrementos de marzo y junio el aumento de los haberes acumulados fue de 21%, mientras que hasta esa parte del año el Índice de Precios del Indec marcó un 25,3%, una diferencia de 4 puntos porcentuales.
El defensor de la Tercera Edad recordó además que el pago de bonos extraordinarios que hizo el Gobierno a lo largo de 2020, mientras desarrollaba la nueva fórmula de movilidad automática, ya provocó litigios en la Justicia, e incluso con casos que llegaron a la Corte Suprema.
Disparador de litigios
“Con esos bonos se distorsionó la pirámide, se hicieron reajustes diferenciados con índices decrecientes. En aquel momento fue 12,56% a las mínimas de $14.000 más un bono de $1.500. A partir de los $18.000 los índices fueron bajando y las jubilaciones altas como las de $40.000 de ese entonces tuvieron solo un 5%”, mencionó el abogado.
En junio pasado, un fallo de la Cámara de Bahía Blanca determinó que a las jubilaciones les corresponde recibir la diferencia que se generó entre los aumentos por decreto durante 2020 y el incremento de 42,13%, que se hubiera dado de acuerdo a la fórmula de movilidad que fue reemplazada, sancionada durante el Gobierno de Mauricio Macri. Meses antes, la Justicia de Paraná había determinado que los aumentos a través de sumas discrecionales eran inconstitucionales.
“Lo más probable es que esto tarde 10 años, como con el fallo Badaro”, dijo Semino, en referencia al caso emblemático de la litigiosidad previsional, en el que la Corte Suprema determinó que el Estado debía establecer un mecanismo para que exista una movilidad jubilatoria que les permita a los haberes no perder su poder de compra.
Hacia adelante, Falcone arriesga que no habrá bono en septiembre pero que sí tendría lugar hacia fin de año. “En diciembre tenés particularidad que fórmula de movilidad hace una ‘evaluación’, porque plantea cómo le fue en el año a Anses con la recaudación”, dijo en referencia a uno de los criterios de la movilidad. “Eso determina si hay o no aumento. Si a Anses no le fue bien, ese aumento está en peligro”, advirtió.
Solo como referencia, un incremento de 13% en las jubilaciones implicaría que otras prestaciones del Estado tendrían la misma actualización. Así, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo rondaría los $5.089, de los cuales en términos prácticos los beneficiarios cobrarían $4.071 ya que el restante 20% es retenido por Anses y abonado a fin de año.
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