El anuncio de Alberto Fernández respecto al pago de un nuevo bono de $15.000 para beneficiarios de la AUH y monotributistas de las categorías más bajas tiene un alcance mucho más limitado que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 2020. Las ajustadas cuentas del Tesoro, que antes de esta decisión caminaba en dirección a 4 puntos del PIB de déficit para este año, se verán resentidas por los mayores gastos en los que deberá incurrir el fisco ahora. Pero el objetivo oficial es acotar las cifra: analistas estiman que tendrá un costo de en torno a $25.000 millones y no hay muchas más opciones de financiamiento del gasto extra que no sea la emisión monetaria del Banco Central.
“Nosotros siempre tomamos medidas para acompañar a la gente y no dejarla a la intemperie. Sabemos que muchos la están pasando mal, pese a que la economía viene recuperándose bien. Lo que vamos a disponer, y en el transcurso del día Fernanda Raverta, de Anses, dará los detalles, es asignar a cada titular de la AUH, de asignaciones por embarazo y monotributistas de las primeras categorías, la A y la B, $15.000 por estos 15 días que tienen que enfrentar con mayores restricciones. Y a esto accederán todos los que se vean afectados por estas medidas”, reveló el presidente en declaraciones a Radio 10.
En distintos ministerios nacionales trataban de hacer cuentas para estimar el universo alcanzado. Una interpretación es que los beneficiarios de este bono serán exclusivamente quienes califican para las condiciones y a la vez residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Otra, más ajustada a “zonas afectadas”, incluiría también otros distritos con cierres similares a los anunciados. Por ejemplo, Catamarca quedaría dentro de esta categoría.
La promesa del bono, temían en algunas dependencias, puede terminar de convencer a algún gobernador de aceptar la invitación lanzada por Fernández a los demás distritos para que se sumen a esta nueva cuarentena por la segunda ola.
Hasta que el universo no esté precisado, los números exactos no se conocen ni en Economía ni en el Banco Central ni en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que sí tienen claro los funcionarios es de dónde va a salir ese dinero ante la falta de vías de financiamiento. Si no se puede financiar con colocación de deuda se financiará con emisión, dicen funcionarios a cargo de procurar los pesos para cubrir el bache fiscal.
Hasta que Raverta no de a conocer la letra chica del subsidio, esta tarde hará el anuncio, los costos de este reemplazo al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no van a se precisos. En el sector privado, sin embargo, se animaban a algunos números preliminares.
“Es mucho más limitado que el IFE o el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Extrapolando para el AMBA el costo aproximadamente es de $25.000 millones, o el 0,06% del PIB. Ese número asumiendo que es un pago de una sola vez y que no se extiende a más provincias”, calculó Federico Furiase de EcoGo.
Para comparar, cada una de las 3 rondas del IFE del año pasado le costaron al Tesoro algo menos de $90.000 millones.
“En principio no nos cambia mayormente las previsiones de déficit para este año”, dijo Andrés Borenstein de Econviews. “Más interesante va a ser ver cómo afecta a la recaudación el freno, en especial a las provincias, porque por ejemplo se va a vender mucho menos combustible que tiene mucho impuesto adentro”, agregó.
“Es un piso de $20.000 millones que a medida que se vaya precisando se puede estirar a $30.000 millones, recordemos lo que pasó con el IFE, se les filtra muchi”, coincidió Gabriel Caamaño de Consultora Ledesma.
Esta tarde el Tesoro sale a colocar deuda en pesos precisamente para intentar limitar la cantidad de pesos que se necesitará emitir este año. Necesita renovar unos $85.000 millones en vencimientos y cada peso que consiga por encima de esa cifra, será financiamiento extra para complementar la impresora de pesos del Banco Central. Pero el mercado de pesos no es, hoy por hoy, de lo más amigable a las colocaciones del Tesoro. En la última licitación de abril ni siquiera pudo renovar los vencimientos, lo que forzó a una inyección monetaria del Central en los últimos días del mes.
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