Desde las empresas de alimentos y bebidas reclamaron al Gobierno medidas estructurales frente a la “difícil” situación que está atravesando la industria y advirtieron sobre las consecuencias de extender los congelamientos de precios vigentes. El mensaje llega unas horas antes de la reunión pautada para este jueves, donde está previsto que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo reciban a gremios y empresas del sector para avanzar sobre un posible acuerdo de precios y salarios.
A través de un comunicado, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) manifestó que hace casi un año que el sector está afectado por un “estricto congelamiento” de precios. Recordaron que, a comienzos de la pandemia, la medida fue acompañada por las empresas ya que entendieron que era de carácter excepcional.
“Pero, luego de haberse renovado en seis ocasiones, el sector advirtió en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores, incluidas las economías regionales, en una situación crítica”, señalaron.
En la industria aseguran que solo fueron autorizados aumentos promediando entre 4% y 10,8%, mientras que el incremento acumulado de los costos para las empresas durante el año pasado –en algunos casos dolarizados–, fue de un 35% en logística; entre un 45% y hasta 250% en materias primas; un 40% por la depreciación del tipo de cambio oficial mayorista; y alrededor de un 20% por costos relacionados por la pandemia.
También detallaron que el promedio de incrementos salariales para los empleados del sector fue entre 36% y 44%, un porcentaje que supera entre 30 y 40 puntos a los incrementos de precios autorizados a la industria. “Esto evidencia que la industria de alimentos y bebidas no es responsable de la inflación, sino que sufre sus consecuencias”, afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal.
Con todo, desde la entidad –que agrupa a más de 34 cámaras sectoriales de la industria de alimentos y bebidas– pidieron al Gobierno respuestas efectivas a desafíos estructurales. Consideraron que las últimas medidas no contribuyen a ese objetivo: los precios congelados y costos al alza, la discontinuación del consenso fiscal, los aumentos de los derechos de exportación, la doble indemnización, prohibición de suspensiones y despidos.
Según la industria, estas medidas desfinancian a las empresas y generan una caída en el stock otorgado al sector y ponen en riesgo la competitividad y sustentabilidad de las compañías. “La situación crítica a la que está sometida la industria de alimentos y bebidas del país tiene su origen muchos años atrás. Los espacios de diálogo y articulación deberían permitir establecer una agenda de reconstrucción del sector para revertir esta situación”, concluyó Funes de Rioja, y señaló que el sector está abierto al diálogo.
El comunicado de Copal llega luego de la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de imputar la semana pasada a 11 grandes firmas proveedoras de artículos de consumo masivo por retener volúmenes de producción o falta de entrega. Desde el Gobierno aseguraron que encontraron desabastecimientos puntuales en supermercados y comercios.
Estas imputaciones generaron mucho malestar en el sector, ya que muchas de estas empresas habían sido invitadas a las reuniones por el acuerdo social y no habían recibido ninguna señal de que luego serían imputadas o multadas por desabastecimiento.
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