En el último día de 2020, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un aumento de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021. Hasta ese momento, la sorpresa en el sector fue que el porcentaje resultaba menor que el que se había anticipado durante las semanas anteriores, cuando se esperaba un 10 por ciento.
Pero el asombro fue aún mayor cuando esa misma tarde, y con otra norma publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno suspendió el incremento. Esto dejó a las empresas en una situación de crisis ya que al freno del aumento se suma la quita de ayuda estatal como fueron los ATP.
En este contexto es que las firmas del sector de la medicina prepaga señalan que “no pasan” de enero si no se encuentra una solución a la caída de los ingresos y que puede haber faltante de prestaciones, inclusive de hisopados para detectar covid-19.
“Si no se actualiza la cuota simplemente no se pueden atender. El desfasaje que ha tenido la cuota del sistema de seguridad social es del 54%. Estos aumentitos están cubriendo parte de eso. Hoy estamos en el 65% de la cuota”, explicó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).
El ejecutivo habló en Radio Mitre e hizo referencia al estado de salud del sistema y explicó que “en 2020 tuvimos un aumento de 12%. Eso nos dejó perdiendo contra la inflación que todos conocemos, pero a ese incremento del costo de vida hay que sumarle la inflación de la medicina que es un adicional por la tecnología y la suba de los medicamentos. El sistema necesita mantener una ecuación económica y no lo ha hecho”.
En este contexto Lilloy hizo referencia a que el desfinanciamiento que vive el sector impactará en “escasez y merma de la prestación de servicio, que ya es algo que viene sucediendo. Durante el 2020 el Estado nos salvó de una crisis terminal por el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los beneficios impositivos, pero a partir del 1° de enero se suprimieron y el magro aumento no termina de solucionar la situación. En este contexto, el sistema no pasa enero, debe ser resuelto de forma urgente”.
Consultado sobre si por la crisis económica perdieron afiliados, el titular de la Cempra dijo que la estimación que tienen fue de “una pérdida de alrededor del 7% u 8% de los afiliados”, pero que sí hubo una caída en los planes.
Asimismo, reconoció que durante la pandemia hubo una caída en los gastos por la menor cantidad de atenciones de otras enfermedades, como por ejemplo las respiratorias, pero que eso no afectó intrínsecamente el costo de la operación. “La baja de la gente que no fue a atenderse no hizo bajar el costo. Si uno analiza la evolución de los ingresos, que son estables pero tienen demanda estacional –por ejemplo, las enfermedades respiratorias–, observa que es constante mientras que los egresos tienen ondas. Los gastos fueron menores este año, hubo menos prestaciones de las que se denominan voluntarias, que son las consultas al médico, pero ese segmento es un porcentaje menor; las internaciones, los tratamientos crónicos, la medicación que aumentaron más que la inflación, los insumos que son dolarizados”.
Mientras hacía referencia a que “peligran prestaciones como los hisopados que son tan importantes en este momento pero también otras patologías”, Lilloy hizo un análisis respecto de por qué el sector debería recibir un subsidio estatal.
“Cuando una persona define pagar un plan voluntario está renunciando a un derecho. Todos nosotros pagamos para acceder a un servicio que paga el Estado. Como no estamos de acuerdo con el servicio que se presta, decidimos utilizar el sistema privado y dejar ese lugar en el hospital público para los más desfavorecidos. En muchos lugares ese derecho que se cede significa que el sistema tenga un grado de subsidio por no usar el hospital público, como sucede con la educación privada”, comentó.
Por último, y frente a la consulta con especto a si tenía comunicación del Gobierno y alguna noticia sobre los posibles rumores de estatización, Lilloy dijo: “Lo único que sabemos es que fue una decisión política, pero si queremos ser responsables este tema tiene que ser resuelto en enero porque el sistema no pasa el mes, si no. Respecto a una posible estatización, desde hace muchos años que se habla de cambios en el sistema, en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri también se habló de cambiar el sistema, nosotros estamos de acuerdo con que se tiene que mejorar, pero la pregunta a responder es cuál es el objetivo que se busca”.
“El sistema tuvo una transferencia de 100.000 millones de pesos en 2020 que se quitó a partir del 1° de enero, y sin fondos se nos hace muy difícil subsistir” finalizó.
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