Una de las razones que han sido invocadas para la intervención y el posterior proyecto de expropiación de la empresa Vicentin es la denominada “soberanía alimentaria”.
Es bueno preguntarnos entonces de qué hablamos cuando nos referimos a la soberanía. Dice Thomas Reid que no hay mayor impedimento para el avance del conocimiento que la ambigüedad de las palabras.
La etimología de la palabra soberanía incluye tanto a “sober” (por encima) como a “anus” (procedencia). Se entiende entonces que se pretende soberanía cuando es en el propio territorio donde se toman decisiones.
Desde que comenzó en el mundo a valorarse la soberanía en la ciencia política (que es de donde proviene el término, especialmente desde las ideas de Jean Bodin y la aparición del estado moderno) la soberanía tiene una dimensión local (supremacía del poder local) y una internacional (independencia externa).
Pues aplicado ésto al caso que nos ocupa podríamos decir que el sector en el que la empresa citada actúa, el de los agroalimentos (ya sea en la producción primaria, la de insumos, la de bienes intermedios y aun la de bienes finales), es en realidad uno de los únicos que en nuestro país puede exhibir significativa autonomía y superioridad internacional.
Es bueno analizar los datos al respecto: dice Lord Kevin que cuando se puede medir aquello de lo que se está hablando y expresar ese algo en números, entonces se sabe algo sobre eso de lo que se está hablando; mientras que cuando el conocimiento no puede expresarse de modo cuantificado existe el riesgo de caer en una pobre e insatisfactoria cosa que podría eventualmente ser el comienzo del conocimiento pero que -en ese caso- llega solo a los pensamientos previos y no a algo cercano a la precisión.
Hagamos números entonces.
El sector agroproductivo en 2019 exportó 42.110 millones de dólares y (como necesitó escasas importaciones) dejó un saldo favorable de divisas en la balanza comercial intrasectorial de 37.535 millones de dólares.
La empresa citada actúa tanto en el terreno de los productos primarios como en el de los manufacturados de origen agropecuario. En el primero desde Argentina en el último año se exportaron (por todas las empresas del sector) 22.483 millones de dólares y se consiguió un superávit comercial intra-sectorial de 20.007 millones de dólares. En el segundo desde nuestro país se exportaron (en total) 19.627 millones de dólares y se obtuvo un superávit comercial intersectorial de 17.526 millones de dólares.
El sector agroalimenticio es el mayor exportador en Argentina (genera casi dos tercios del total de bienes exportados desde nuestro país) y es el único que obtiene superávits comerciales intra-sectoriales lo que paradójicamente lo convierte en el más “soberano”. Aporta dólares comerciales netos, produce con calidad internacional, genera altísimos ingresos públicos (es, por ejemplo, por lejos, el que paga más derechos de exportación), crea empleo en el propio sector y también en muchos otros sectores abastecedores y además alimenta a cuantiosos rubros vinculados con él en ecosistemas supraindustria, además de aportar inversiones año a año y abastecer necesidades de consumidores y empresas locales como casi ningún otro.
Vulnerables
Contrario sensu, muchos otros sectores productivos se muestran más vulnerables. La producción mineral generó en 2019 más importaciones que exportaciones (un déficit de 1.164 millones de dólares), algo que también ocurrió con el de manufacturas de origen industrial (sector que creó un enorme déficit de 24.072 millones de dólares) o el de los servicios (que generó un déficit comercial intra-sector de unos 6.000 millones de dólares).
Mas de la mitad de las 25 principales empresas exportadoras argentinas son agroalimenticias y mientras Argentina es apenas el 50vo exportador mundial si se suman todos los rubros, en el caso específico de los negocios agropecuarios nuestro país ha llegado a colarse entre los 15 mayores exportadores del mundo.
Es por eso de destacar que si hay un sector en el que buena parte de las decisiones comerciales internacionales se toman dentro del país (nunca en su totalidad pero sí en importantes eslabones de la cadena) es el agroexportador.
Claro que entonces podríamos preguntarnos no ya donde sino quién (dentro del territorio) toma las decisiones económicas: si los miembros del ecosistema productivo o los reguladores públicos. Y cómo lo hacen.
Pues al respecto puede temerse que (si ocurriera) la sobreintervención gubernamental en un sector altamente competitivo opere como un generador de distorsiones, creador de desincentivos comerciales -en la medida en que genere afección en las expectativas-, desalentador de inversiones y alterador de un ya virtuoso ecosistema de negocios.
La experiencia suele ser una gran animadora de las previsiones. Dice Eduardo Galeano que el pasado dice cosas que interesan al futuro. Y los antecedentes argentinos no muestran demasiados ejemplos de intervenciones virtuosas a través de ingresos del sector público para modificar el marco de referencia en entornos competitivos.
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