Uno de los principales motivos que desencadenó el cese de comercialización de granos y hacienda que impulsa un sector de la Mesa de Enlace, desde hoy y hasta este jueves, es la elevada presión impositiva que afecta los actuales niveles de rentabilidad, especialmente en aquellas zonas que están más alejadas de los puertos del Gran Rosario.
En esa zona del país, muchos productores manifestaron que se hace “inviable” el negocio con la presión tributaria actual, tras el nuevo aumento anunciado la semana pasada del gobierno de incrementar las alícuotas de las retenciones a la soja, más allá que habrá una compensación para productores de hasta 1.000 toneladas, que hasta el momento la administración de Alberto Fernández no definió como se va a implementar ya que no se ha publicado la Resolución en el Boletín Oficial.
Pero al momento de hacer un análisis profundo del cobro de impuestos al campo, la medición realizada por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) a pedido de Infobae en diciembre pasado reflejó que la participación del Estado en la renta agrícola alcanzaba el 60,4%, cuando en septiembre del mismo año se ubicó en el 56,4%. El aumento se registró por los primeros cambios en las retenciones que introdujo el gobierno de Alberto Fernández, a pocos días de asumir.
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El significado de lo que representa el 60,4% de la participación del Estado en la renta, es que de cada $100 que genera una hectárea agrícola, surgidos del valor de la producción menos los costos, $60,40 se lo llevan los diferentes niveles de gobierno a través del cobro de los impuestos.
En esa medición de diciembre, la participación del Estado en soja fue del 64,5%, maíz 53,9%, trigo 53,5% y girasol 62%. De acuerdo a lo expresado por los especialistas de FADA, “las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de soja es que tiene 18% mayor nivel de retenciones que el resto, y en la renta que genera cada cultivo, a menor rentabilidad mayor participación relativa de los impuestos".
Tras el aumento de las retenciones a la soja, que pasaron del 30 al 33%, anunciado la semana pasada por la administración nacional, según explicó el economista jefe de FADA, David Miazzo, la presencia del Estado en el resultado de la oleaginosa alcanzará el 69,7%. Esta es una medición parcial que realizó la Fundación, que además contempla la baja de precios internacionales que ya alcanzó un 11%.
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Impuesto por impuesto
El informe de FADA permite observar que la participación del Estado está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Los impuestos nacionales no coparticipables explican más del 60% del total de la carga impositiva que afronta una hectárea agrícola. La mayor presencia de estos impuestos son las retenciones, a los que hay que agregar el impuesto a los Créditos y a los Débitos Bancarios.
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En el segmento de los impuestos nacionales coparticipables, se destacan el impuesto a las Ganancias (neto del impuesto a los Créditos y Débitos) y el IVA. Por otro lado, los gobiernos provinciales reciben una parte de esos impuestos como coparticipación y también recaudan diversos impuestos como el inmobiliario rural y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican casi el 4% de los impuestos totales.
Por último, los impuestos municipales explican el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA a nivel nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la incidencia es mayor. El componente central de estos impuestos son las Tasas de Red Vial, donde hay duras críticas de los productores agropecuarias porque muchos municipios utilizan ese dinero para cubrir sus gastos corrientes y no derivan el mismo al mantenimiento de los caminos rurales, que el objetivo central por el que fue creada dicha Tasa.
Producciones alejadas de los puertos
Aquellas zonas productivas alejadas de los puertos son las más afectadas por la suba de las retenciones a la soja, a pesar de las compensaciones que busca implementar el gobierno, con serias complicaciones para la productividad y competitividad de los productores
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Estas producciones deben enfrentar, además, un mayor costo de transporte, condiciones agronómicas del suelo y climáticas, que suelen ser más desfavorables que en la zona núcleo. Además, en el norte del país se debe gastar más en algunos insumos agrícolas, como los fitosanitarios, que también requieren más labores para aplicarlos.
La combinación de estas realidades, hacen que sea más costoso producir y transportar la producción en las regiones más alejadas de los puertos, al tiempo que los rindes suelen ser menores.
Los datos de FADA muestran que transportar una tonelada de soja desde un lugar a 260 kilómetros del puerto, equivale al 6,4% del precio FOB de la soja. Hacerlo desde 600 kilómetros, implica el 9,8% de ese precio.
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