El tope de tasas al 55% anual para la financiación con tarjeta atrajo toda la atención ayer tras la decisión del Banco Central. Pero hubo otra normativa aprobada que podría tener un impacto mucho más fuerte para el sistema financiero extrabancario. Se trata de la prohibición de cobrar la cuota de los préstamos a través de un débito en la cuenta del cliente.
Esta modalidad es el principal instrumento de cobro que tienen las compañías que otorgan préstamos por afuera del sistema bancario tradicional. En la lista aparecen desde cooperativas especializadas en otorgar crédito hasta modernas fintech, que otorgan préstamos on line. El financiamiento se otorga depositando en la cuenta bancaria del solicitante y luego todos los meses se debita la cuota a partir del CBU. De esta manera, tienen una poderosa herramienta para asegurarse el repago del crédito.
Sin embargo, el directorio del Central dispuso ayer, a través de la Comunicación "A"6.909, la prohibición de aplicar el débito directo interbancario y recurrente “para el cobro de cualquier préstamo vinculado a préstamos” La modalidad de “débito en cuenta” sigue vigente para el pago de impuestos y de servicios.
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La novedad tomó totalmente desprevenido al sector. En realidad, la mayoría de los ejecutivos de fintech estaban más pendientes de saber si el tope a las tasas podría o no impactar en su actividad. Pero no tenían en el radar la posibilidad de que directamente se prohíba la modalidad de cobranza vía débito de la cuenta.
Tras conocerse la resolución del Central comenzaron los llamados entre los distintos jugadores del sector. “Esto va a generar automáticamente un freno en el otorgamiento de préstamos, porque cambia la principal modalidad que hoy utiliza el mercado”, explicaba un importante jugador de la industria fintech.
El Central, en cambio, sí admitió la posibilidad de que las compañías cobren por débito exclusivamente cuando el cliente autorice en forma puntual que lo hagan desde su cuenta. Pero las compañías financieras podrían perder mucho tiempo y recursos cada vez que tienen que contactar a un cliente para cobrar la cuota del préstamo otorgado. Sería extremadamente difícil de implementar.
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Aunque no está clara cuál es la motivación del BCRA en avanzar en esta dirección, hay dos lecturas posibles. Por un lado frenar algunas “malas prácticas” que se estaban produciendo en el mercado. Algunas compañías abusaban del débito en cuenta de clientes. Cobraban de más de lo que correspondía en el mes como una manera de asegurarse el pago de cuotas futuras. Sin embargo no se trataba de una práctica generalizada ni mucho menos.
Otra de las versiones indicaba que se trató de la presión de los bancos, que tienen a las fintech y otro tipo de empresas de segunda línea como competidores directos en el mercado crediticio. Las entidades del sector venían quejándose hace tiempo del tratamiento diferencial que recibían las fintech, en detrimento de las fuertes regulaciones del sector financiero.
“Con esto lo único que van a conseguir es que la gente se quede sin crédito. Porque como ahora será más riesgoso prestar, la tasa de interés terminará siendo más alta”, señalaban en las fintech. La decisión de casi toda la industria, al menos momentáneamente, sería la de suspender en forma temporal el otorgamiento de nuevos préstamos. Y en las cámaras que agrupan a las entidades que operan en el circuito extrabancario ya empezaban a pedir audiencia en el BCRA para explicar el caso.
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¿Cómo se cobrarían los préstamos de ahora en adelante? Básicamente a través de un pago voluntario, es decir que todos los meses el cliente realiza por decisión propia un débito con su dinero a favor de una entidad que le prestó. Este esquema por supuesto ya existe, pero debería generalizarse. El problema es, nuevamente, que se trata de un préstamo más riesgoso, al tener menos certeza de devolución.
Además, el BCRA autorizó a los clientes a rechazar cualquier débito que le hayan realizado en la cuenta, por cualquier motivo y monto. El dinero debería acreditarse en la cuenta a las 72 horas hábiles como máximo, en lo que intenta ser otra medida de protección al deudor.
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