El ministro de Economía Martín Guzmán logró despejar con sus dichos el miércoles por la noche uno de los peores temores del mercado: una emisión descontrolada para financiar un fuerte aumento del gasto con el objetivo de reactivar la economía. Lejos de eso, el ministro aseguró que una emisión excesiva sería “desestabilizante” y reconoció que no hay margen para “políticas fiscalmente expansivas”.
El mercado recibió con beneplácito esos dichos -riesgo país bajo, la Bolsa subió y la brecha entre el dólar oficial y libre se achicó-, sin embargo, persisten algunos interrogantes insidiosos. Principalmente, el nivel de agresividad que tendrá el proceso de reestructuración de la deuda. “Guzmán fue claro: no hay posibilidad mayor ajuste, tampoco de emitir. Eso se lee en general como aumento de impuestos pero no está claro que sea suficiente”, aseguró un alto ejecutivo de uno de los principales bancos que suelen participar en procesos de reestructuración de deudas soberanas. “Esa definición abre la puerta a medidas más drásticas mientras se negocia”, arriesgó, en alusión a una eventual suspensión del pago de intereses mientras se encamina la solución más definitiva.
Ese camino, es obvio, implicaría pasar del estado de “virtual default” a una situación de cesación de pagos de hecho. Al menos en los bonos bajo legislación extranjera, en los que se activaría el riesgo ya padecido por la Argentina de los fondos buitres.
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Distinto sería el caso con la deuda en pesos, es decir, emitida bajo legislación local. En ese caso el margen de maniobra del Gobierno es mucho más amplio ya que puede, en la práctica, reestructurar de hecho. Esa, precisamente, es otra de las dudas que dejaron planteadas las declaraciones de Guzmán. El ministro anunció la creación de una unidad renegociadora de la deuda externa, que él mismo presidirá.
Esta decisión induce a muchos en el mercado a suponer que habrá un tratamiento diferenciado, estrategia que las principales espadas económicas del presidente Alberto Fernández ya discutieron con bancos de inversión que podrían llegar a participar del proceso. Si finalmente se avanza en esta diferenciación, la incógnita es cuánto más duros serán los términos con la deuda bajo legislación local, que concentra la mayor parte de los vencimientos durante el primer semestre de 2020, o si simplemente será más rápida.
En cualquier caso, el gran interrogante de fondo se basa en la cuestión fiscal. Una duda que, más allá de una señal concreta de vocación de disciplina fiscal, el ministro de Economía no logró despejar. “Fue positivo el mensaje de Guzmán en términos de que demostró comprensión de las restricciones y su dimensión. Pero no parece aún haber una matemática clara para saber cuál va a ser el nivel sostenible de la deuda”, afirmó el ejecutivo del banco de inversión.
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En un segundo plano, también surgieron nuevas inquietudes respecto a cómo será el manejo de la negociación. Se supo ayer que los ex secretarios de Finanzas Daniel Marx y Adrián Cosentino integrarán el consejo asesor de la deuda, que sería en principio un órgano consultivo pero no ejecutivo en las tratativas con los acreedores. En ese armado influye Sergio Chodos, que será un interlocutor habitual del Fondo Monetario si, tal como se espera prospera su designación como representante del Cono Sur en el directorio del organismo. Desde esa posición, Chodos integraría a su vez la unidad de renegociación. Una instancia que también incluye la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el organismo y sobre la que todavía tampoco existen mayores precisiones.
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