En medio de la crisis económica que atraviesa el país, con alta inflación y recesión, son pocos los sectores que pueden impulsar el crecimiento en el mediano plazo. Más allá de las exportaciones del agro y la potencialidad de Vaca Muerta, la industria de la economía del conocimiento surge como otras de las actividades a tener en cuenta. En ese marco y según un estudio elaborado por la comisión de impuestos de Argencon, bajo el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento en la próxima década por cada peso de promoción fiscal el Estado recaudará $1,75. Es decir que la nueva Ley que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 representaría USD 1.000 millones de superávit fiscal en los próximos diez años.
El informe remarca el potencial de la industria del conocimiento como una plataforma de ingresos fiscales, principalmente debido al impulso a las exportaciones y a la creación de empleo calificado que significa la reciente sanción del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Esta cifra se complementa con los USD 15.000 millones anuales que el sector proyecta exportar a fin de la próxima década y el ingreso de divisas que incrementaría el saldo positivo de la balanza de pagos.
Argencon es la asociación de empresas que reúne a más de 40 compañías prestadoras de servicios basados en el conocimiento y relacionadas con los mercados externos, entre las cuales figuran Accenture, American Express, Globant, Deloitte, e incluso empresas con participación estatal. Su comisión de impuestos está formada por analistas impositivos de los principales estudios del mercado. Los especialistas determinaron que por cada $100 de salario bruto que pagan las empresas ingresarían $30 al Estado. Los montos surgen de un promedio de salarios estimados. En el caso de un programador senior, agregaron que el salario medio actual es de $74.870 mensuales, suma que para el Estado representa $23.000 en concepto de contribuciones patronales, aportes previsionales, impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos y otros impuestos al consumo.
Como punto de partida del análisis y antecedente más próximo, la Comisión analizó el comportamiento de la industria del software tras la implementación de su Régimen de Promoción en 2004. En ese sentido, destacaron que el sector demostró un notable crecimiento en distintas variables.
“Se crearon 70 mil nuevos puestos de trabajo, lo que representó un aumento anual constante del 8%, las exportaciones pasaron de USD 170 millones a USD 1.800 millones, y se produjo un despliegue federal de la industria con la creación de más de 30 Polos de IT en todo el país”, destacaron desde la Argencon.
Ante la consulta de Infobae sobre el costo que representa para el estado el subsidio en el otorgamiento de beneficios fiscales como la eximición del pago de cargas sociales, el titular de Argencon, Luis Galeazzi afirmó: “El subsidio que implica por parte del Estado no es un carga por los dólares que traen aparejadas las exportaciones de este sector”.
“Con esta nueva ley Argentina iguala la normativa de otros países. Por eso se espera que a partir de su puesta en vigencia el 1 de enero de 2020, las compañía crezcan en recursos humanos y se radiquen en el país”, subrayó. Y concluyó al afirmar que “más allá de los impuestos que se dejen de pagar para promover al sector, el saldo es positivo por los ingresos netos que generan estas empresas”.
Qué establece la ley
El 10 de junio de este año el gobierno nacional promulgó la Ley 27.506 que dispone la creación de un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y que establece reducciones e incentivos fiscales para empresas de software, informática, biotecnología, servicios profesionales exportables e industrias del entretenimiento y creativas, entre otras
La nueva normativa reduce los costos laborales para el sector, ya que adelanta el Mínimo no Imponible que la reforma tributaria prevé para el 2022. Además, otorga un bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible. Este beneficio, puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias. Además, contempla una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%.
Por otro lado, la ley estipula que los exportadores que hayan abonado o se les hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las Ganancias en el país destino de la exportación, podrán deducir lo pagado contra el Impuesto a las Ganancias, obteniendo un alivio fiscal.
La medida —un impulso a las actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado— es una continuidad de la Ley de Promoción del Software, de 2003. Con la implementación de la normativa se estiman generar más de 400.000 puestos de trabajo calificado y llegar a exportar USD 15.000 millones de dólares en el transcurso de la próxima década, según estimaciones del sector.