Las armas de fuego que, según denuncias recogidas por Cubalex, se usan para negociar beneficios penitenciarios pueden costar entre 130 mil y 180 mil pesos cubanos en el mercado ilegal. El informe sostiene que ese valor deja el mecanismo fuera del alcance de muchas familias de reclusos.
La organización compara esos precios con un salario medio cercano a 6,500 pesos. Según la investigación, la diferencia económica obliga a algunos allegados a vender bienes o asumir riesgos legales para procurar una reducción de condena, un traslado o un cambio de régimen para la persona encarcelada.
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El informe de Cubalex describe un presunto esquema en el que familiares de presos compran armas en el mercado clandestino y las entregan a funcionarios a cambio de beneficios penitenciarios. La organización advierte que esas operaciones pueden exponerlos a detenciones, procesos penales y pérdidas económicas, sin garantías de que las autoridades cumplan los acuerdos.
El precio de un arma puede superar varios salarios mensuales
La investigación señala que, entre 2015 y 2020, el valor de una pistola oscilaba entre USD 300 y USD 800. Tras el ordenamiento monetario, las cifras reportadas cambiaron y pasaron a expresarse en pesos cubanos.
Cubalex indica que el dólar fluctúa, al momento de la publicación, entre 300 y 400 pesos cubanos. Bajo ese cálculo, la compra de un arma supone para muchas familias una suma equivalente a numerosos meses de ingresos.
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Eliober Sosa, ex reeducador penitenciario entrevistado para el reporte, dijo que existen familiares que “han vendido la casa, un carro” para buscar una salida anticipada de prisión para un hijo, un padre u otro allegado.
El informe recoge también el testimonio de Laritza Diversent, directora de Cubalex, sobre una madre que buscó asesoramiento porque valoraba comprar un arma para lograr la liberación de su hijo. La mujer ya había vendido el refrigerador y otros artículos de su vivienda.
Según la organización, los presos con mayores recursos o con vínculos previos dentro de entornos criminales tienen más posibilidades de participar en estos acuerdos. Esa desigualdad convertiría un beneficio sujeto a requisitos legales en una opción condicionada por la capacidad económica.
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Los familiares enfrentarían riesgos al buscar armas en el mercado ilegal
La investigación sostiene que algunos reclusos que colaboran con las autoridades proporcionarían contactos de vendedores de armas a las familias interesadas. Esa situación llevaría a los allegados a relacionarse con personas vinculadas al comercio clandestino.
Un familiar consultado bajo anonimato afirmó que los acuerdos pueden involucrar a presos que actúan como intermediarios. El informe indica que la búsqueda de armas expone a las familias a riesgos financieros, personales y judiciales.
Julio Ferrer Tamayo, jurista y ex preso político, advirtió que las autoridades podrían usar la operación para detener a quienes consiguieron el arma. Según explicó a Cubalex, algunos familiares eran procesados por receptación después de que los agentes recuperaban la pieza.
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Ferrer relató que, en esos casos, el perjuicio también alcanzaba al recluso. El familiar podía ser detenido y la promesa de un beneficio penitenciario quedaba sin efecto.
El informe menciona denuncias previas sobre la venta de armas en zonas periféricas de La Habana. Los testimonios recogidos por Cubalex indican que esos puntos de comercialización se mantendrían activos.
Los acuerdos podrían incluir libertad anticipada y traslados
La entrega de un arma puede derivar, de acuerdo con los testimonios, en el paso a un régimen de menor severidad, una reducción de la sanción, la libertad condicional, la licencia extrapenal o la libertad anticipada.
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Algunos declarantes mencionaron también traslados a cárceles cercanas al lugar de residencia de la familia. Otros hablaron de cambios de establecimiento para alejar a un recluso de conflictos dentro del penal.
Juan Luis Bravo Rodríguez relató a Cubalex que algunos presos trasladados desde La Habana a Guantánamo lograban posteriormente nuevos beneficios luego de entregar armas. Según su versión, algunos recuperaban la libertad y permanecían en una provincia donde no eran conocidos.
Una presa política, cuya identidad fue preservada, habló de una reclusa condenada por delitos de drogas que negoció la entrega de un arma. El supuesto acuerdo buscaba que su pareja, también encarcelada, accediera a un régimen de mínima severidad.
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El informe enfatiza que los beneficios no siempre se concretan. La falta de documentos, registros públicos o mecanismos de reclamación dejaría a los reclusos y sus familiares sin herramientas para exigir el cumplimiento de las promesas.
Cubalex cuestionó la legalidad del presunto mecanismo
La organización afirma que no encontró normas cubanas de acceso público que permitan canjear armas por beneficios penitenciarios. El informe señala que los derechos de los reclusos deben definirse según el tiempo de cumplimiento de la condena, la conducta y las condiciones previstas por la legislación.
Cubalex sostiene que el mecanismo descrito podría vulnerar disposiciones del Código Penal sobre la adquisición, tenencia, tráfico y facilitación ilícita de armas. También plantea posibles responsabilidades por corrupción, abuso de funciones, tráfico de influencias y encubrimiento.
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La investigación menciona que el Decreto-Ley 74/2023 contempla rebajas de hasta 60 días por año, con otros 60 adicionales en circunstancias excepcionales. Los requisitos, según el documento, no incluyen la entrega de armas de fuego.
El reporte también cita criterios de la Ley de Ejecución Penal para acceder a la libertad condicional. Cubalex cuestiona que esas exigencias puedan ser reemplazadas por una negociación clandestina con funcionarios.
Para la organización, la práctica tiene consecuencias sobre las víctimas de delitos graves si personas condenadas por asesinato, violación o narcotráfico obtienen beneficios fuera de los procedimientos previstos. El informe advierte que esa situación puede afectar la seguridad ciudadana y las garantías de reparación.
La investigación plantea un posible circuito de corrupción
Cubalex recoge dos interpretaciones sobre la finalidad de la recogida de armas. Una apunta a la pretensión de retirar armamento de las calles y reducir la delincuencia.
La otra hipótesis, expuesta por entrevistados y por la directora de la organización, plantea la posible existencia de un negocio circular. Bajo esa lectura, las armas recuperadas sin controles transparentes podrían volver a circuitos ilegales mediante personas vinculadas con las autoridades.
Diversent cuestionó que se ofrezcan beneficios penitenciarios si los funcionarios conocen dónde operan vendedores de armas. “Sencillamente irían a esos lugares y las recuperarían”, afirmó al referirse a la capacidad de la policía para realizar registros.
El informe menciona una sentencia emitida en octubre de 2024 por el Tribunal Militar Región Habana contra un primer suboficial acusado de sustraer seis pistolas Makarov de su unidad. Otros cuatro ciudadanos recibieron condenas por participar en la compra y reventa de esas armas.
Hasta la fecha del informe, las autoridades cubanas no habían emitido una declaración pública para reconocer o desmentir la práctica denunciada. Cubalex presentó su investigación como una aproximación inicial que requiere una documentación más amplia sobre sus alcances y consecuencias.
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