Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones contra dos personas, ocho empresas y cinco buques vinculados con la dictadura de Cuba, bajo el argumento de que forman parte de redes relacionadas con el transporte de petróleo, el suministro de tecnología militar y las élites del régimen.
Las medidas fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a cinco embarcaciones en su lista de bienes bloqueados. Esa designación impide, en términos generales, que los activos puedan ser vendidos, transferidos, retirados, pagados, exportados o utilizados sin una licencia específica de Washington.
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Según informó EFE, agencia de noticias española, las sanciones alcanzan a compañías radicadas en Cuba, Panamá, Chipre y China. La decisión forma parte de la estrategia de presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, en un contexto de restricciones al abastecimiento energético de la isla.
Washington apuntó a navieras ligadas al traslado de crudo
Entre las firmas sancionadas figuran las navieras Caroil Transport Marine, con sede en Chipre, y Tentacool Commercial, registrada en Panamá. También fueron incluidas las compañías cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe, conocida como Petromarca.
Estados Unidos vincula a esas compañías con operaciones de transporte de crudo y productos derivados hacia Cuba o desde la isla. El Departamento del Tesoro identificó a las estructuras comerciales como parte de una red que permite el movimiento de combustibles, un recurso central para la economía cubana y en el funcionamiento de su sistema eléctrico.
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La OFAC señaló como bienes bloqueados a los buques Esperanza, María Cristina, Gloria C, Emilia y Lourdes. Los tres primeros fueron asociados con Caroil Transport Marine, mientras que las dos últimas embarcaciones quedaron vinculadas a Petromarca.
La inclusión de los barcos en la lista de sanciones amplía el alcance de las restricciones. Las operaciones comerciales, financieras y logísticas que involucren a esas naves quedan sujetas a las prohibiciones impuestas por la normativa estadounidense, salvo que cuenten con una autorización expresa.
Dos empresas chinas fueron incluidas por presunto suministro militar
El paquete también afecta a las empresas estatales cubanas Cubaelectrónica y Tecnosime. La primera se dedica a la importación de suministros y equipos electrónicos, mientras que la segunda comercializa servicios técnicos y tecnológicos.
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A ellas se suman las corporaciones chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies. Washington las acusa de suministrar componentes y equipos de uso militar a través de la empresa cubana Duna, una entidad relacionada con el aparato de defensa de la isla.
La decisión sitúa a las compañías tecnológicas dentro de la misma ofensiva sancionatoria que alcanzó a las navieras y a las personas identificadas por el Departamento del Tesoro. Estados Unidos sostiene que esas estructuras respaldan actividades del ejército cubano y de sectores vinculados al régimen.
Las sanciones de la OFAC suelen implicar el congelamiento de activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con las personas o entidades designadas, una medida que puede dificultar sus operaciones internacionales por la exposición del sistema financiero al dólar.
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Las sanciones incluyen a dos personas vinculadas con estructuras empresariales cubanas
Entre los individuos incluidos aparece Guillermo Rodríguez López-Calleja, a quien Washington relaciona con una red dedicada al traslado marítimo de productos petrolíferos.
También fue sancionada Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA). Rodríguez Lastres fue directora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel, una instalación logística relevante para las operaciones portuarias cubanas.
GAESA concentra una parte de las actividades empresariales ligadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Su peso en sectores como el turismo, el comercio exterior, las finanzas, el transporte y la logística ha convertido al conglomerado en uno de los principales objetivos de las sanciones estadounidenses contra la isla.
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Las medidas llegan después de que Washington restringiera el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba, según EFE. Venezuela ha sido durante años uno de los principales proveedores energéticos de la isla, por lo que la reducción de esos envíos aumentó la presión sobre el régimen cubano.
La ofensiva estadounidense se intensificó desde enero, cuando Estados Unidos designó al exdictador venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con EFE. Desde entonces, la administración Trump ha vinculado las restricciones energéticas y financieras con su demanda de un cambio político en Cuba.
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