Julián Mazola Beltrán, expreso político del 11J, cumple 27 días detenido en un calabozo bajo control de la Seguridad del Estado sin que, según su familia y la organización Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD), las autoridades hayan presentado pruebas en su contra. La denuncia también alerta por episodios de desmayo, problemas de alimentación y la falta de una atención médica adecuada mientras permanece bajo custodia.
De acuerdo con la información difundida por Defensa CD, sus familiares lo visitaron el martes y lo encontraron tranquilo, aunque con un cuadro de salud que genera preocupación. Durante el encuentro, el detenido relató que ha sufrido desmayos asociados a una baja presión arterial.
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Mazola atribuyó ese problema, en parte, a la comida que recibe durante su reclusión. Según el testimonio de sus seres queridos, los alimentos estarían en mal estado y esa situación le impide comer con normalidad. La falta de ingesta, indicó, agrava sus episodios de presión baja.
La única medida que las autoridades habrían autorizado hasta ahora fue la entrega de un paquete de galletas al oficial de guardia, además de permitir visitas familiares los martes y jueves. Defensa CD cuestionó esa respuesta y reclamó asistencia sanitaria para el detenido.
La familia espera hasta el 7 de noviembre por el análisis de un teléfono
El instructor a cargo del expediente no se encontraba durante la visita familiar, según la denuncia. Sus allegados deberán esperar hasta el próximo 7 de noviembre para conocer el resultado de una técnica ordenada por la Fiscalía sobre el teléfono celular que le fue incautado el día de su arresto.
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La organización sostuvo que las autoridades mantienen la detención mientras revisan el dispositivo electrónico. “Casi un mes después, el régimen sigue sin presentar pruebas y mantiene a Julián preso mientras revisa su teléfono en busca de algo que justifique haberlo encarcelado”, señaló Defensa CD en su comunicado.
La defensa legal de Mazola tenía prevista una visita para este viernes. Defensa CD pidió que el contacto con su abogada sea pleno y sin restricciones, en un contexto en el que la familia reclama información sobre el expediente y las condiciones de detención.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció la detención arbitraria de Mazola el 9 de octubre en San Antonio de los Baños, Artemisa. Tras una citación de la Seguridad del Estado, fue llevado a su casa para un registro y luego trasladado a una unidad policial. Posteriormente, el 15 de octubre, se conoció que se le había abierto un proceso penal por “propaganda contra el orden constitucional”.
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Mazola es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Defensa CD afirmó que el régimen cubano tiene la obligación de proteger su vida e integridad física. En ese sentido, consideró que su detención sin pruebas conocidas, las denuncias sobre alimentación y los desmayos constituyen un posible incumplimiento de las medidas otorgadas por la CIDH.
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