La construcción de viviendas en Cuba registró una disminución en 2025, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). El descenso se produjo en un contexto de déficit habitacional, deterioro de inmuebles ya existentes y reclamos de familias que buscan una alternativa de alojamiento.
La ONEI contabilizó 5,493 viviendas terminadas en 2025, frente a las 20,232 concluidas en 2022. La variación equivale a una reducción del 72.8% durante ese período.
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La situación habitacional incluye tanto la necesidad de nuevas construcciones como las reparaciones pendientes en viviendas ocupadas. También abarca casos de personas que residen en albergues, espacios provisionales o inmuebles sin condiciones adecuadas.
El déficit habitacional superaba las 805,000 viviendas
La directora general de Vivienda del Ministerio de la Construcción, Delilah Díaz Fernández, informó en julio de 2025 que el déficit acumulado ascendía a 805,583 viviendas al cierre de marzo de ese año.
De ese total, 407,219 inmuebles requerían construcción. Los otros 398,364 necesitaban rehabilitación.
Díaz Fernández planteó ante una comisión parlamentaria que los planes constructivos se encontraban por debajo de las necesidades del país. La diferencia entre esos planes y la demanda de viviendas persistió durante 2025, según Alas Tensas.
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El sector estatal también redujo su producción. La ONEI indicó que las viviendas concluidas por esa vía pasaron de 8,103 en 2022 a 1,791 en 2025.
Esa variación representó una disminución del 77.9% en tres años. La cifra estatal formó parte de la caída general observada en la construcción de viviendas.
La revista Alas Tensas señaló que, solo en 2025, la producción nacional de viviendas descendió 26%. El medio vinculó ese resultado con la continuidad de programas oficiales destinados a atender las necesidades de alojamiento.
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El 47% de los encuestados afirmó que necesitaba reparaciones
El IX Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, incluyó 1,318 entrevistas en 79 municipios. El 47% de los participantes manifestó que su vivienda requería reparaciones.
El estudio indicó que el 25% necesitaba arreglos urgentes. A su vez, el 7% declaró vivir en inmuebles con peligro de derrumbe.
Solo el 18% de las personas consultadas consideró que su vivienda estaba en buen estado. La encuesta también recogió situaciones de alojamiento transitorio y falta de vivienda.
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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que el 4% de los encuestados residía en albergues o campamentos provisionales. Otro 2% declaró que vivía en la calle.
Los datos reflejan dificultades para acceder a reparaciones, alquileres o nuevas construcciones. La situación alcanza a familias con distintos niveles de vulnerabilidad económica y social.
Los desalojos denunciados involucraron a madres y menores
El 27 de agosto de 2026, tres madres y sus hijos fueron desalojados de oficinas de la Delegación Municipal de la Agricultura, en la calle Máximo Gómez, cerca del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola, en Ciego de Ávila.
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Según documentó Árbol Invertido, agentes policiales retiraron por la fuerza a una de las mujeres. Vecinos mencionaron que entre los menores había una niña con síndrome de Down.
En febrero, otro grupo de madres denunció un intento de expulsión y demolición de construcciones precarias donde, según sus testimonios, llevaban 15 años viviendo.
“Hace 15 años vivimos aquí... Ahora la quieren porque está limpia”, expresaron las afectadas en una grabación difundida en redes sociales. Las mujeres sostuvieron que habían acondicionado el terreno con recursos propios.
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Entre las familias había mujeres embarazadas y niños pequeños. Algunas madres afirmaron que la incertidumbre habitacional afectaba la asistencia escolar de los menores.
Las denunciantes también dijeron que habían recibido multas por ocupar el terreno. Según sus relatos, las autoridades buscaban demoler las edificaciones.
A finales de octubre, 17 madres y 73 niños permanecían en una antigua academia de boxeo de Caracatey, en Santa Clara, tras ocupar el lugar para pedir una solución habitacional.
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Una de las mujeres afirmó a ADN Cuba que las familias llevaban cerca de dos semanas en el inmueble. La entrevistada pidió preservar su identidad por temor a represalias.
“Los niños con hambre y desesperados”, dijo la mujer a ese medio. También señaló que vecinos les habían llevado alimentos y agua.
Las madres denunciaron la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior y posibles sanciones. Su reclamo se centraba en obtener una alternativa antes de abandonar el lugar.
La Ley 187 incorpora criterios de género para asignar viviendas
La Ley 187 de 2026 fue publicada el 14 de octubre en la Gaceta Oficial y entró en vigor el día 21. La norma incorporó disposiciones sobre violencia de género y violencia familiar.
El artículo 62.4 dispone que la asignación de viviendas debe considerar criterios de género. También establece prioridad para víctimas que necesiten una solución inmediata.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, defendió el proyecto el 30 de julio durante su aprobación. El funcionario sostuvo que la legislación contemplaba a personas en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas que enfrentan violencia familiar o tienen responsabilidades de cuidado.
La falta de una vivienda alternativa puede dificultar la separación de una mujer respecto de un agresor cuando ambos comparten el hogar. La situación puede ser más compleja si existen hijos a cargo.
El Observatorio de Género de Alas Tensas advirtió que Cuba no cuenta con una red pública de refugios para mujeres y niñas en riesgo.
Entre enero y agosto de 2026, el observatorio documentó 49 feminicidios. De esos casos, 32 ocurrieron dentro de viviendas, una proporción equivalente al 65.3%.
El registro indicó que 26 víctimas tenían menores de edad a cargo. Además, identificó al menos 40 niñas, niños y adolescentes dependientes.
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