Un despliegue policial en varios barrios de San Miguel del Padrón, en La Habana, terminó con 71 personas detenidas y trasladadas a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Entre los arrestados hubo ciudadanos acusados de distintos delitos y residentes de otras provincias que no contaban con autorización para vivir en la capital.
Inicialmente el operativo fue anunciado por el medio oficialista Tribuna de La Habana.
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El operativo se extendió a todos los Consejos Populares del municipio
La acción fue desplegada el domingo 1 de noviembre en los Consejos Populares del municipio. Agentes del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) realizaron controles y trasladaron a los detenidos a la 11ª Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Las autoridades presentaron el procedimiento como una medida dirigida a reforzar la seguridad ciudadana y responder a denuncias de vecinos. Una publicación difundida en una cuenta vinculada a la PNR, que luego fue eliminada, señaló que la actuación formaba parte de acciones de vigilancia en calles y barrios.
El grupo de detenidos incluyó a personas investigadas por presunta tenencia de drogas, ejercicio de la prostitución, portación de armas blancas, actividad económica ilícita e impago de multas. Dentro de la misma operación, la policía también identificó a ciudadanos definidos como “indocumentados e ilegales en la capital con conducta desajustada”.
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La residencia en La Habana requiere una autorización previa
Esa categoría se aplica a cubanos que proceden de otras provincias y viven en La Habana sin haber completado el trámite administrativo requerido para establecer domicilio permanente en la ciudad. La regulación está contemplada en el Decreto-Ley 217, aprobado en abril de 1997.
La norma establece que las personas que deseen trasladar su residencia a la capital deben obtener una autorización previa. En caso de no contar con ella, pueden recibir sanciones económicas y ser devueltas a la provincia donde tenían su residencia oficial.
El criterio no se refiere a la nacionalidad de los detenidos, sino a su situación de residencia dentro del país. Se trata de migrantes internos, muchos de ellos llegados desde provincias del oriente cubano, que buscan empleo, vivienda o vínculos familiares en la capital.
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Los controles alcanzan a migrantes internos y personas acusadas de delitos
El operativo reunió bajo una misma acción policial situaciones de naturaleza diferente. Por un lado, incluyó presuntas infracciones penales y administrativas, como la portación de armas blancas o el impago de multas. Por otro, abarcó a personas cuya situación irregular se vincula con la falta de permiso para residir en La Habana.
Quienes viven en la capital sin autorización pueden enfrentar limitaciones para acceder a empleos estatales y a productos distribuidos mediante la libreta de abastecimiento en el lugar donde residen. También pueden ser requeridos durante controles de identidad en terminales de transporte, zonas céntricas y operativos barriales.
La regulación ha tenido cambios parciales. En 2011, el Decreto 293 introdujo modificaciones que facilitaron algunos casos de reunificación familiar. No obstante, mantuvo la exigencia de autorización para fijar residencia en la capital.
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La PNR retiró la publicación sobre el despliegue
La información sobre las detenciones apareció inicialmente en un perfil de Facebook asociado a la PNR. La publicación fue retirada después de su difusión, sin que se conocieran detalles adicionales sobre la situación procesal de los 71 detenidos ni sobre la cantidad de personas que podrían ser devueltas a sus provincias de origen.
El operativo se produjo en un contexto en el que las autoridades cubanas mantienen controles sobre la migración interna hacia La Habana, una ciudad que concentra oportunidades laborales, servicios y actividad económica en comparación con otras zonas del país.
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