El cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, en el municipio de Güines, Mayabeque, amenaza la continuidad de la atención sanitaria de personas privadas de libertad que viven con VIH, según denunció la organización Cubalex. La entidad advirtió que la falta de asistencia dentro del penal puede comprometer el acceso a controles clínicos, medicamentos y respuestas ante emergencias.
La cárcel Cuba-Panamá está destinada a reclusos con VIH. Por esa razón, Cubalex sostuvo que la clausura del servicio sanitario agrava la situación de una población que requiere seguimiento médico regular y tratamiento antirretroviral sin interrupciones.
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La denuncia fue expuesta por el preso político Pedro Luis Fernández Peralta durante una visita de un teniente coronel del Ministerio del Interior, identificado como integrante de la Delegación Provincial de Mayabeque. De acuerdo con Cubalex, el funcionario consultó a los internos sobre las condiciones de la prisión y Fernández Peralta cuestionó la eliminación del puesto médico.
El recluso calificó la decisión como “un genocidio premeditado”, según recogió la organización. La expresión aludió al riesgo que, a su juicio, enfrentan los internos ante la ausencia de atención inmediata en una cárcel que concentra a personas inmunodeprimidas.
Cubalex documentó 38 casos de negación o negligencia médica en septiembre
La ONG vinculó la situación de Cuba-Panamá con denuncias previas sobre las condiciones sanitarias dentro de las cárceles cubanas. En su informe correspondiente a septiembre de 2026, Cubalex documentó 38 incidentes de negación de atención médica o negligencia en centros penitenciarios de la isla.
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Para la entidad, esas cifras reflejan que las deficiencias en la atención sanitaria no responden a un episodio aislado. La organización señaló que la población bajo custodia del régimen depende por completo de las autoridades para recibir consultas, estudios, medicamentos y traslados a hospitales.
Las personas con VIH requieren controles periódicos para evaluar la evolución de la infección, detectar posibles enfermedades oportunistas y asegurar el cumplimiento del tratamiento antirretroviral. Una demora en la atención o una interrupción de la medicación puede afectar la respuesta inmunológica y elevar el riesgo de complicaciones.
Según la denuncia, un oficial del Ministerio del Interior explicó que el cierre del puesto médico respondió a la negativa de personal del Ministerio de Salud Pública a trabajar en el penal y a la escasez de médicos en hospitales civiles. Cubalex cuestionó esa explicación y señaló que el régimen mantiene la obligación de organizar un sistema de salud penitenciario capaz de atender a las personas bajo su custodia.
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Las Reglas Mandela exigen atención sanitaria equivalente a la disponible fuera de prisión
Cubalex citó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, para sostener que el Estado debe garantizar una atención médica equivalente a la que recibe la población fuera de prisión.
La Regla 24 establece que la salud de los reclusos es responsabilidad estatal y que los servicios sanitarios penitenciarios deben asegurar la continuidad de la atención. El texto también contempla la necesidad de tratamiento para enfermedades infecciosas y crónicas.
La Regla 27 dispone que los internos que necesiten cuidados especializados deben ser trasladados a instituciones civiles cuando el penal no pueda prestarlos. Cubalex alertó que el cierre del puesto médico puede demorar la respuesta ante cuadros urgentes, como infecciones respiratorias, neumonías u otras enfermedades que pueden afectar con mayor gravedad a personas con sistemas inmunitarios debilitados.
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La organización también incorporó denuncias sobre falta de agua potable, escasez de alimentos y problemas de transporte para las visitas familiares. Esas condiciones, según la entidad, inciden en la salud de los reclusos y pueden afectar de forma particular a quienes viven con VIH.
El antecedente de Luis Miguel Oña Jiménez volvió a poner el foco sobre el penal
Entre los antecedentes mencionados por Cubalex figura el caso del preso político Luis Miguel Oña Jiménez, quien sufrió una isquemia en Cuba-Panamá en febrero de 2026. La organización afirmó que no recibió atención oportuna, quedó paralizado y murió poco después de obtener una licencia extrapenal urgente.
Cubalex consideró que ese caso expuso fallas en la respuesta a emergencias dentro del establecimiento. La entidad sostuvo que una licencia extrapenal otorgada cuando el recluso se encuentra en una situación médica crítica no reemplaza la obligación de garantizar atención preventiva, tratamiento y traslado hospitalario cuando corresponde.
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El Reglamento de Ejecución Penal cubano prevé establecimientos especiales para reclusos con VIH/sida, entre ellos Cuba-Panamá. Sin embargo, Cubalex advirtió que la existencia de centros diferenciados pierde sentido si no disponen de servicios médicos capaces de atender a la población para la que fueron concebidos.
La organización también reclamó que las autoridades garanticen la continuidad asistencial dentro del penal, restablezcan los servicios necesarios y eviten que decisiones administrativas afecten el derecho a la salud, la integridad personal y la vida de las personas privadas de libertad.
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