La economía de Cuba se contrajo un 5% en 2025, su tercer año consecutivo de caída, en medio de una crisis que redujo más de 15% el Producto Interno Bruto (PIB) desde 2020. Las estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Cubana, adscrito a la Universidad de La Habana y citado por el medio cubano 14ymedio, vinculan el retroceso con la inflación, los desequilibrios macroeconómicos, la crisis energética y la merma de los ingresos por exportaciones y turismo.
Las previsiones para 2026 son todavía más adversas: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó una baja de 10.3% del PIB cubano, la mayor contracción esperada en la región. El régimen había fijado una meta de crecimiento de 1% para este año, después de no haber alcanzado el mismo objetivo en 2025.
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Entre 2020 y 2024, el PIB ya había retrocedido alrededor de 11%. La disminución estimada para el último año amplió el deterioro acumulado por encima de 15%, sin que la economía haya recuperado los niveles previos a la pandemia.
El déficit de generación eléctrica figura entre los principales obstáculos para la actividad económica. La producción de electricidad disminuyó 13.7% en 2025 frente al año anterior, afectada por los problemas para conseguir combustible y por la falta de inversiones para renovar el sistema eléctrico nacional.
Los apagones prolongados perjudican a las empresas estatales, los negocios privados y los hogares. El Centro de Estudios de la Economía Cubana considera que, bajo las condiciones actuales, el camino hacia el desarrollo quedó prácticamente aplazado.
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A las restricciones energéticas se sumaron la reducción de los ingresos por bienes y servicios exportados, el fuerte retroceso del turismo y la falta de aplicación de reformas productivas pendientes. El estudio también identifica la emigración, el deterioro demográfico, la dependencia creciente del financiamiento exterior y el aumento de la desigualdad y la pobreza como elementos que limitan la recuperación.
El sector privado y las reformas pendientes
Los negocios privados aportaron cerca del 29% de los ingresos tributarios del Estado y ganaron espacio en el abastecimiento de productos de consumo. Ese avance ocurre mientras la empresa estatal pierde capacidad productiva, aunque el modelo económico mantiene su predominio.
La expansión de la oferta privada no se tradujo en una recuperación equivalente del poder de compra. Buena parte de los alimentos y otros bienes comercializados por esos negocios tiene precios inaccesibles para quienes dependen de salarios y pensiones estatales, deteriorados por varios años de inflación.
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En junio, el régimen anunció un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que contempla una mayor apertura para las empresas privadas, cambios en el comercio, la inversión y el turismo, y nuevas fórmulas para atraer capital. Las medidas permiten la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores y amplían la participación de actores no estatales en actividades hasta entonces reservadas o fuertemente restringidas.
El reporte elaborado con datos de 2025 todavía no incorpora los posibles efectos de esas disposiciones. Sus autores advierten que uno de los principales riesgos reside en la distancia entre los anuncios y su aplicación efectiva, y sostienen que la evolución volverá a quedar por debajo de la meta oficial sin reformas más profundas y nuevo financiamiento.
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