El exmandatario costarricense y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, protagonizó una polémica durante un encuentro con vecinos de Turrúcares, Alajuela, luego de condicionar una inversión pública cercana a ₡6,000 millones (USD 13 millones) a que la municipalidad retire los procesos judiciales que impiden avanzar con la construcción de un relleno sanitario en esa comunidad.
La propuesta fue presentada durante un conversatorio realizado en el Liceo de Turrúcares, al que asistieron ministros, jerarcas institucionales, representantes municipales y organizaciones comunales.
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El proyecto, denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA), es impulsado por la empresa de origen canadiense EBI, que pretende desarrollar un sitio para el tratamiento y disposición de residuos en la finca Bajo Pita, ubicada en San Miguel de Turrúcares.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta oposición de sectores de la comunidad, cuyos integrantes advierten sobre posibles afectaciones ambientales, riesgos para fuentes de agua y consecuencias para la salud de quienes habitan en las cercanías.
Gobierno ofrece carreteras, colegio y centros de atención
Durante el encuentro, Chaves planteó un conjunto de obras públicas que podrían desarrollarse si la Municipalidad de Alajuela desiste de las acciones judiciales contra las autorizaciones del proyecto.
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Entre las propuestas destacan la construcción de un Colegio Técnico Profesional, un establecimiento CEN-CINAI, centros de atención para personas adultas mayores y espacios deportivos y comunitarios.
También se ofrecieron mejoras en las rutas nacionales 721 y 136, intervención de puentes y la construcción de una vía de acceso desde la ruta 27 hacia el relleno sanitario.
Esta última carretera buscaría evitar que los camiones transportadores de residuos atraviesen el centro de Turrúcares.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, explicó que algunas intervenciones viales podrían comenzar durante 2027, aunque todavía requieren estudios, diseños y trámites.
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No obstante, Chaves dejó claro que el Gobierno no avanzaría con determinados procedimientos mientras el municipio mantuviera su oposición judicial al proyecto.
“La oferta se vence pronto”, advierte Chaves
Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, propuso iniciar las gestiones para evaluar un terreno destinado al futuro colegio técnico.
Chaves intervino para detener el trámite.
“No lo mande la próxima semana, no lo mande la próxima semana porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer”, manifestó.
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El jerarca también advirtió que la propuesta gubernamental tendría un plazo limitado debido al arbitraje internacional promovido por EBI contra el Estado costarricense.
Según explicó, el país podría verse obligado a desembolsar aproximadamente ₡2,000 millones (USD 4 millones) para financiar su defensa legal antes del 2 de diciembre.
“En el momento que el ministro de Hacienda tenga que depositar 2.000 millones de colones para ir a defender un litigio internacional (...), en ese momento la oferta se retira de la mesa”, afirmó.
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Vecinos rechazan el proyecto y cuestionan el ofrecimiento
La propuesta provocó reacciones entre los habitantes de Turrúcares, donde diferentes grupos mantienen una oposición histórica a la instalación del relleno sanitario.
Durante la actividad, vecinos mostraron pancartas con mensajes como “Turrúcares no se vende, no al basurero” y “La salud no se negocia”.
El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, cuestionó el condicionamiento de inversiones públicas y manifestó preocupación por los posibles efectos del proyecto sobre el ambiente y las comunidades cercanas.
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La controversia tiene antecedentes desde 2016, cuando la municipalidad comenzó gestiones judiciales para anular autorizaciones de uso de suelo relacionadas con los terrenos del relleno.
Actualmente, el conflicto continúa en conocimiento de los tribunales, sin una resolución definitiva sobre los procesos de lesividad.
Proyecto continúa sin una decisión definitiva
Durante el conversatorio, Chaves insistió en que corresponde al Concejo Municipal de Alajuela, integrado por 11 regidores, tomar una decisión sobre las acciones judiciales.
El jerarca también expresó su desacuerdo con la posibilidad de realizar una consulta popular sobre el proyecto.
El encuentro terminó sin un acuerdo para retirar los procesos judiciales, sin un convenio firmado sobre las inversiones ofrecidas y sin una autorización definitiva para la construcción del relleno sanitario.
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Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una alternativa para atender las necesidades de disposición de residuos, sectores comunales mantienen sus cuestionamientos sobre los posibles impactos ambientales.
La controversia deja pendiente una decisión que enfrenta la gestión de residuos, las necesidades de infraestructura de Turrúcares y las preocupaciones de sus habitantes.
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