La Fiscalía Adjunta de Fraudes de Costa Rica consiguió una condena de seis años y seis meses de prisión contra Juan Carlos Martín Solís, declarado culpable de estafar a cinco inversionistas mediante falsas concesiones de tecnología satelital, supuestas alianzas con empresas multinacionales y argumentos religiosos utilizados para ganarse la confianza de sus víctimas.
Según informó el Ministerio Público, el condenado creó una empresa denominada Intersat, que utilizó para ofrecer oportunidades de inversión relacionadas con dispositivos de rastreo satelital instalados en contenedores de transporte de carga.
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Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una condena civil por ₡45.9 millones (USD 100,918), como consecuencia de los perjuicios económicos ocasionados por los delitos.
Aseguraba que Dios le indicaba quiénes debían ser sus socios
Uno de los principales mecanismos utilizados por Martín Solís consistía en presentarse como un empresario religioso, filántropo y comprometido con los principios bíblicos.
Según la acusación, afirmaba que seleccionaba a sus socios mediante revelaciones divinas y exigía que fueran personas creyentes para “no abrirle las puertas al diablo”.
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Con este discurso buscaba generar confianza entre los inversionistas y convencerlos de participar en negocios que presentaba como altamente rentables.
El condenado también aseguraba falsamente que había obtenido licitaciones y concesiones exclusivas con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, relacionadas con la desinstalación de dispositivos de rastreo satelital GPS, específicamente equipos GT2000, utilizados en contenedores de mercancías.
Para respaldar sus afirmaciones, mostraba cotizaciones sin valor contractual y equipos de demostración, con los que aparentaba mantener operaciones comerciales y alianzas con importantes compañías tecnológicas internacionales.
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Prometía ganancias superiores a USD 146,000 mensuales
La investigación determinó que el empresario solicitaba a sus víctimas inversiones iniciales de entre USD 15,000 y USD 60,000, a cambio de participar en supuestas concesiones que valoraba en USD 360,000 cada una.
Como parte de su estrategia, ofrecía rendimientos superiores a USD 146,137.50 mensuales por concesión, una promesa que resultaba atractiva para quienes buscaban oportunidades de negocio.
También aseguraba que los técnicos contratados podrían desinstalar al menos 15 dispositivos satelitales diarios, lo que supuestamente garantizaría ingresos constantes.
Además, exigía a los inversionistas crear nuevas sociedades anónimas, firmar contratos de confidencialidad y contratar cuadrillas de técnicos para desarrollar las operaciones.
Sin embargo, la Fiscalía demostró que las concesiones ofrecidas eran ficticias y que las supuestas relaciones comerciales no respaldaban los negocios anunciados.
Utilizaba la pandemia para justificar los retrasos
Cuando los inversionistas comenzaron a cuestionar por qué las operaciones no iniciaban, Martín Solís ofrecía distintas explicaciones para justificar los incumplimientos.
Entre los argumentos utilizados figuraban los efectos de la pandemia de COVID-19, problemas relacionados con el tráfico marítimo internacional y supuestos gastos adicionales por licencias de software y viáticos.
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Estas justificaciones permitían prolongar las expectativas de las víctimas, pese a que las operaciones prometidas no se concretaban.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar que el empresario había estructurado un mecanismo de engaño para obtener recursos económicos de los cinco afectados.
No podrá salir de Costa Rica mientras la sentencia queda firme
El juicio se desarrolló entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre de 2026, y concluyó con una condena de seis años y seis meses de prisión.
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Mientras la resolución judicial adquiere firmeza, el tribunal ordenó que Martín Solís se presente a firmar mensualmente ante el Tribunal Penal de San José.
También se le impuso impedimento de salida del país, como medida para asegurar su sujeción al proceso judicial.
El expediente se tramitó bajo el número 20-002106-0175-PE.
La sentencia establece la responsabilidad del empresario en un esquema que combinó falsas oportunidades tecnológicas, promesas de ganancias millonarias y manipulación de creencias religiosas para estafar a cinco inversionistas.
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